Adelpa ha trasladado al Gobierno central su preocupación por las afecciones al territorio de la gran cantidad de proyectos de instalación de centrales fotovoltaicas y grandes sistemas de almacenamiento de energía con baterías en el Pirineo.
El pasado martes, en una reunión por videoconferencia con Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la presidenta de Adelpa, Begoña Dorado, se refirió a las afecciones sufridas por este territorio por la construcción de embalses y saltos hidroeléctricos, por los que todavía no se ha recibido ninguna compensación. A esta situación, trasladó Dorado, “hay que añadir el aluvión de proyectos de centrales fotovoltaicas de los últimos años y los nuevos proyectos de almacenamiento de energía con baterías que comienzan a aparecer". En el caso de las instalaciones de almacenes de baterías de litio, "se trata de proyectos que pueden tener un gran impacto medioambiental, que no dejan ningún beneficio económico en el territorio y que producen un importante rechazo social en estas zonas, además, tan despobladas”.
En la reunión, Adelpa solicitó información sobre el ordenamiento o normativa nacional que regule este tipo de instalaciones, para dar seguridad jurídica a los ayuntamientos. En este sentido se ha puesto de manifiesto que es el Plan General de Ordenación Urbana el único instrumento que los ayuntamientos tienen para frenar estas instalaciones tan cuestionadas, pero que es una herramiento con la que no cuentan la mayoría de los pequeños ayuntamientos. En términos de Ordenación del Territorio la competencia es de cada autonomía, por lo que considera que "se debería hacer una ordenación racional del territorio"".
En este sentido, Adelpa solicitó reuniones, en noviembre del año pasado, con la consejera de Presidencia, Economía y Justicia y con el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, para entregarles personalmente el acuerdo de la Asamblea General de Adelpa que incluye una serie de medidas y demandas al Gobierno de Aragón, "para intentar encontrar una solución a esta problemática tan preocupante a la que tienen que hacer frente los ayuntamientos del Pirineo aragonés, ubicados en un territorio que ya ha sufrido importantes afecciones territoriales, económicas y sociales en otras épocas. A día de hoy no se ha recibido contestación alguna a estas solicitudes de reunión", lamentan.
"La situación actual de los ayuntamientos es de desamparo ante la amenaza de este tipo de instalaciones", señalan desde Adelpa. Reiteran que en este momento "no hay herramientas para resolver una situación que se está dando cada vez más en el Pirineo, y que afecta tanto al medioambiente como a la población residente, que ya es escasa de por sí, y que se desvive por permanecer en el territorio. Es patente que implantar proyectos de renovables sin tener en cuenta a las comunidades locales afectadas va en contra de cualquier política para frenar la despoblación".
"La expansión de las energías renovables es un pilar fundamental para la sostenibilidad, pero no debe realizarse -añade Dorado- en detrimento de las comunidades rurales ni de su entorno natural y social. Por ello, desde Adelpa, solicitamos una revalorización del papel de los ayuntamientos y entidades locales en la planificación y desarrollo de estos proyectos. La participación activa de las comunidades y el retorno de beneficios económicos directos, resultarán esenciales para lograr una transición energética justa y equitativa", finaliza.