Alejandro Rodríguez, miembro de Milleras 62, propietaria del Área 62 de Barbastro, ha denunciado los problemas que conlleva la panta de biogás que la empresa Ence proyecta ubicar a 20 metros de este complejo de Barbastro, que cuenta con gasolinera, restaurante, área de descanso, zona infantil, aparcamiento controlado de camiones y dos balsas de agua potable, y por el que pasan cada año miles de personas.
Acompañado por el abogado César Fortacín, Pablo Soria, afectado por una planta de biogás en la Almunia de Doña Godina, y uno de los administradores de Milleras 62, Rodríguez ha ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer “lo que no se cuenta” de este proyecto, “que se ha vendido como un regalo bien adornado”. “Se nos viene un desastre encima”, ha resumido.
Considera que se lleva a cabo únicamente con “criterios empresariales” y sin tener en cuenta los problemas que va a conllevar, entre otros, de olores en esta área y, como han advertido, de colapso del tráfico en las rotondas de acceso y en la autovía A-22, donde se podrían generar atascos por el acceso continuo a la planta de camiones con materia en descomposición.
En este sentido, ha recordado que desde hace diez años Área 62 da servicio al flujo de usuario de la A-22, al turismo de invierno y verano, también a quienes circulan por la N-240, a Barbastro y la comarca. Está activa 24 horas al día y cuenta con 22 trabajadores en distintos turnos. Además, tiene en proyecto crecer con una zona comercial para el que hay empresas interesadas y que ya presentó al Ayuntamiento.
Rodríguez, que ha lamentado que ni el Ayuntamiento de Barbastro ni la empresa le informaran de esta iniciativa, ha iniciado acciones para luchar contra la instalación de la planta de residuos para generar biogás con la intención de llegar hasta el final.
César Fortacín ha explicado las acciones jurídicas contra la tramitación y contra el proyecto, que, como ha explicado, incluye no solo la planta de Barbastro sino cinco más, de ellas otras en San Esteban de Litera y Alcolea de Cinca, dos en la provincia de Zaragoza y una en Teruel.
Por lo que respecta a la tramitación, Fortacín ha asegurado que el decreto ley de 2008 que da cobertura al proyecto se creó para facilitar la llegada de empleo en un momento complicado, “pero es muy problemático que sirva para tramitar proyectos empresariales que se presentan en un contexto que no tiene nada que ver. Lo primero que salta a la vista -ha dicho- es la prisa, ¿qué necesidad tenemos de reducir los plazos a la mitad?”, ha preguntado. Ha añadido que “se está tramitando de prisa y corriendo un proyecto que es doblemente peligroso, por la planta de biogás y por tener una estación de servicio justo al lado”, y que “tanto España como la UE están pendientes de regular cómo se ejecutan estas plantas”.
Así, Área 62 ha solicitado por escrito al Gobierno de Aragón la declaración de nulidad del acuerdo por el cual se va a tramitar el expediente, dado que “no es el procedimiento que se debería haber utilizado para tramitar y resolver la petición de la instalación de las distintas plantas”. En el mismo escrito, se afirma que “se comente un fraude de ley”, porque “se utiliza el mismo expediente para resolver seis proyectos distintos, y se da el caso de que algunos de ellos merezcan la calificación de interés autonómico para reducir plazos y otros no”, ha explicado Fortacín.
También se va a actuar contra el proyecto. En primer lugar, por el impacto en la seguridad del tráfico del paso de 50 camiones, tanto de ida como después de vuelta, que van a transitar por una rotonda (en la entrada por la autovía) y por tres (por la N-240), algo que no analiza el proyecto.
Asimismo, el proyecto que presentó Ence no cumple con los parámetros urbanísticos del PGOU de Barbastro ni en edificabilidad ni en ocupación, como reconoce la propia empresa.
Finalmente, se actúa contra el proyecto por su impacto odorífero, sobre el que se dice en el proyecto que “solo afectará a las personas que transiten por la autovía y mientras transitan” y “no se dice nada de los cientos de personas que pasan todos los días por Área 62 a repostar, a comer, a comprar, que utilizan la terraza... Omitir todo eso y plantear que todas las parcelas que lindan son rústicas es faltar a la verdad de forma grosera”.
Fortacín también ha planteado que Área 62 puede considerarse como núcleo de población, ya que llega a acoger a unas 300 personas al mismo tiempo, lo que sería una causa para desechar realizar el proyecto en el punto donde está previsto.
En la rueda de prensa también ha participado Pablo Soria, afectado por una planta de biogás en la Almunia de Doña Godina, quien ha expuesto que se trata de una fuente de “riesgos y problemas” al utilizar residuos como purines, cadáveres de animales en descomposición, desperdicios de mataderos, lodos de depuradoras…, donde proliferan las bacterias, que producen biogás, compuesto por metano, dióxido de carbono y otros gases.
“Los proyectos son prácticamente todos iguales, y dentro de ellos se reconoce la posibilidad de explosión. En los últimos seis años se han producido 12 explosiones en este tipo de plantas -ha citado-. Creo que la administración nos tiene totalmente abandonados. Las plantas de biogás posiblemente sean un recurso que se tenga que aprovechar, pero ¿cómo es posible que para montar una granja de cerdos tengas que irte a tres kilómetros de donde hay personas y para montar una cosa donde vas a generar y acumular tantísimos desechos no sea necesario?”, ha preguntado. Ha abogado por que se construyan donde no produzcan problemas ni a las personas ni al medioambiente.