La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado que la Audiencia Provincial ha admitido a trámite una querella penal contra el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, el secretario de la corporación y una funcionaria que había sido beneficiaria de la adjudicación de un puesto "sin convocatoria pública previa", lo que la CSIF ha definido gráficamente como "a dedo". Así lo han comunidado el presidente del sindicato, Jesús Ramos Marco, el representante en la Junta sindical de la DPH, Francisco Fernández Jiménez, y el abogado Sergio Mañas. La acusación es de "supuesta prevaricación" al no concurrir los principios constitucionales de "igualdad, mérito, capacidad y publicidad".
Francisco Fernández ha expuesto el caso que arranca cuando la Diputación Provincial decidió "reconvertir una plaza de técnico de Medio Ambiente en técnico de Jefatura del Servicio Provincial de Extinción de Incendios. Nada que objetar porque se encuentra entre sus potestades". Donde llega la discrepancia y la demanda es en el sistema de provisión de la plaza, "sin ningún procedimiento. Se puso a dedo". La CSIF expuso su disconformidad en las mesas de negociación. "No se puede dar un puesto de administración especial cuando es general. El recurso del CSIF se llevó al Consejo Consultivo que en febrero de 2022 nos dio la razón, no se puede otorgar a dedo y sin publicidad".
El dictamen, que no es vinculante, fue dado a conocer a la Diputación. Paralelamente, el sindicato denunció "una posible responsabilidad penal que ya se les había advertido en las mesas de negociación", ha agregado Jesús Ramos.
Tal y como ha expuesto Sergio Mañas, la querella criminal fue inadmitida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Huesca, fallo que fue recurrido por la CSIF ante la Audiencia Provincial. El órgano superior dictó auto el 17 de mayo por el que "acordaba la admisión a trámite de la querella". Mañas señala que obedece esta rectificación de la Primera Instancia a que "entiende que hay indicios de irregularidades dignas de estudio en el ámbito penal". Eso sí, ha agregado que está la "presunción de inocencia".
La Audiencia Provincial hace suyos los argumentos del Consejo Consultivo de Aragón e iniciará las diligencias con declaraciones a los investigados, ha agregado Mañas. Además, la CSIF ha citado a dos testigos de la sección de Recursos Humanos de la Diputación de Huesca, "porque tiene que haber informes y actas". "Recibidos los expedientes, debemos ampliar diligencias y también ampliar a otras partes que han actuado en el proceso, porque no se han cumplido los preceptos constitucionales".
La trabajadora, cuya calificación laboral ya fue revocada por la Diputación Provincial atendiendo la recomendación del Consejo Consultivo que aconsejaba la nulidad del procedimiento, ha ejercido en el régimen de administración especial durante tres años y ahora está empleada en administración general. Francisco Fernández ha afirmado que la CSIF también está analizando este proceso de provisión para el nuevo puesto. "Sólo optó ella y la selección se está investigando". Como ha refrendado Jesús Ramos, labor de "sastrería", esto es, un traje a medida.
La diferencia entre los dos puestos se sitúa en 10.000 euros anuales. Eso sí, en CSIF entienden que las atribuciones del puesto no varían y en ellas están entre otras cuestiones, el control económico y de compras del Servicio Provincial de Extinción de Incendios.