Cambiar Huesca-Izquierda Unida rechaza los criterios de adjudicación de las viviendas de alquiler del Cuartel de la Merced “propuestos por el PP”, ya que no cree que respondan a los objetivos de la construcción de vivienda pública de alquiler sino a una “visión absolutamente mercantilista de un derecho básico”.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, visitó este pasado lunes las nuevas viviendas, que tendrán un precio máximo de 7 euros por metro cuadrado, y saldrán a adjudicación a entre 315 y 602 euros, en función del tamaño. Podrán optar a ellas quienes no superen en cinco veces el Iprem, es decir 36.000 euros.
Cambiar Huesca-Izquierda Unida denuncia que acceder a una vivienda de alquiler por más de 600 euros "no puede ser considerado un alquiler asequible", tal y como ha manifestado Jorge Azcón, lo que sitúa al presidente aragonés “muy lejos de la realidad salarial de este país y de la ciudadanía de Huesca, con un salario medio que no llega a los 1.200 euros”.
“Es posible que para él o para la alcaldesa Lorena Orduna, que no opinó nada distinto, 600 euros sea una cifra asumible, pero para los cientos de personas que rondan el salario mínimo esa cantidad de dinero supone el 50 % de sus ingresos -señala-, lo que imposibilita tener una vida mínimamente desahogada. Además, un importe de arrendamiento tan elevado no ayuda a poner freno a los desmesurados precios del mercado de alquiler; muy al contrario, los fomenta”.
Por otra parte, afirma que Azcón propone un acceso a 27 viviendas "abierto a la gran mayoría de la población, es decir, que pueden acceder a las mismas quienes tengan ingresos mensuales de en torno a los 3.000 euros y para decidir quién tiene preferencia para acceso a estas viviendas propone un sorteo, lo que vulnera cualquier criterio de justicia social".
Cambiar Huesca-Izquierda Unida considera que hay que modificar completamente la forma de adjudicación, "no dejándolo en manos del azar como si fuera el sorteo de lotería de Navidad", y propone que se tenga un doble criterio de acceso a las viviendas.
En concreto plantea, por un lado, que se tenga en cuenta la realidad social de los colectivos que más necesitan este tipo de alquiler social. Afirma que deberían existir cupos para familias monoparentales, para mujeres víctimas de violencia doméstica, para jóvenes menores de 35 años, para jóvenes con problemas familiares que necesitan una emancipación temprana, para personas con discapacidad funcional, para personas que son rechazadas en los alquileres por su color de piel, para personas que han sufrido un desahucio… "en definitiva, para aquellos sectores de la sociedad más vulnerables y con más urgencia habitacional". Por otro lado, señala el alquiler de la vivienda debe ser proporcional a los ingresos de la persona o familia que sea adjudicataria, sin superar nunca el 30 % de los ingresos familiares.
Por último, desde Cambiar Huesca-Izquierda Unida proponen que los criterios de acceso a las viviendas públicas de alquiler sean debatidos y acordados con los agentes sociales que están trabajando en el día a día con los sectores que tienen un conocimiento más real de la realidad social, como asociaciones vecinales, sindicatos, Cadis, Plataforma Ciudadana de Vivienda, colectivos juveniles… "Porque la participación ciudadana no consiste en escuchar a los acólitos, sino en compartir las formas de gestión cotidiana con la sociedad a través de sus múltiples formas de organización", finaliza.