Cincuenta y un municipios de menos de 3.000 habitantes de la provincia de Huesca han solicitado ayudas de la DPH para instalar cámaras de videovigilancia en sus pueblos, un proyecto con carácter garantista pero que responde a la inquietud del medio rural por los robos en viviendas y otras propiedades que se suman al fenómeno del que no es ajeno del vandalismo.
Al frente del Plan de Seguridad Rural, dotado con 100.000 euros, se encuentra el diputado de Promoción Cultural, Innovación y Transformación Digital, Carlos Sampériz, que aduce que el proyecto nace de la concurrencia de variables variadas: "Había un momento en el que en la provincia había menos efectivos de la Guardia Civil. Por parte del Ministerio se entendía que había otras zonas que necesitaban más agentes. Si aúnas que en las proximidades del verano hay una sensación de inseguridad porque la gente viaja y se mueve más, es un valor que hay que tener en cuenta. En una sociedad que se siente insegura todo es un poco más complicado".
Ambas circunstancias motivan el plan de instalación de videocámaras en los núcleos de menos de 3.000 habitantes que son aquellos que no disponen de una policía local, de un despacho de Policía Nacional y había menos efectivos de la Guardia Civil. Esos 51 municipios son "un éxito" por lo que para 2025 se prepara otra convocatoria. "Las cámaras tienen un doble efecto: el de prevención, el de disuasión y, en el caso de que ocurra algo, tienes un hilo para tirar para ver qué ha ocurrido".
OBJETIVA Y SUBJETIVA
Reconoce el también alcalde de Grañén el doble factor en torno a la seguridad, el subjetivo y el objetivo. "Los miedos son particulares y la gestión de los miedos es de cada uno de los que los tenemos. Lo que tiene que hacer la administración es, aquellos que son más tangibles, intentar evitarlos. Si sabes que hay una zona bien iluminada, evitas esos fantasmas que producen subjetivamente, que nazcan y florezcan. Tenemos que intentar poner los medios para que la parte subjetiva se minimice y la parte objetiva no podemos eliminar y evitar el 100 % de los peligros o situaciones que general problemas o inseguridades o cuestiones que afecten a la persona. Cualquier elemento dentro de la sociedad, de la comunidad, donde hay un incidente y se altera el orden y la ley genera objetivamente un daño y subjetivamente una sensación en la sociedad que tenemos que intentar minimizar".
Es, asegura Carlos Sampériz Enguita, "un proceso garantista. La administración hace que se garanticen los derechos individuales de las personas. Muchas veces provoca ciertas tensiones y discrepancias entre lo que es raznable y lo irracional. En este caso, en el medio rural las competencias en seguridad ciudadana corresponden a la Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno tiene las competencias sobre los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El ayuntamiento emite una solicitud técnica de disposición de las cámaras y es la Subdelegación la que a través de la Comandancia emite diferentes informes, primero garantizando que las cámaras que instalas cumplen con la legislación y luego la necesidad de las cámaras en los puntos que se proponen".
A continuación, una segunda parte es el tribunal de garantías para ver que todas las circunstancias concurren y se pueden instalar cumpliendo todos los derechos individuales de todas las personas. "Esto hace que en muchas ocasiones se produzcan distorsiones entre lo razonable y lo irracional, pero sí es un proceso largo, muy garantista, en el que la propuesta se hace con el propósito de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".
En toda esta mecánica, sobrevuela precisamente el debate en torno a la seguridad y la libertad, a Orwell y su 1984, que ya pone de manifiesto los países con implantaciones masivas de vigilancia. "Hay sitios en los que el número de cámaras casi supera al de ciudadanos que residen en ese país. Tenemos que estar de parte de la legalidad, del derecho individual. Los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro, y todos bajo el mismo paraguas que es el de la legislación, el de la ley, que es el que ampara a todos".
Aduce el diputado provincial que el medio rural es generoso, "acostumbrado a situaciones complejas por diferentes casuísticas, los procesos sociales son muy cíclicos. De repente, hay una gran emigración a las grandes ciudades, un retorno a los pueblos, una gran denostación del medio rural, otra vez hay una puesta en valor... El que permanece o ha tenido la filosofía de una permanencia en el medio rural porque cree en su modus vivendi en el pueblo, porque tiene su forma de entender la vida en el pueblo, porque quiere vivir en el pueblo y porque tiene derecho legal a vivir en el pueblo, cualquier cuestión que favorezca la situación particular de seguir residiendo aquí la ve con buenos ojos".
Concluye Carlos Sampériz que los tiempos han generado cambios en el pensamiento. "Hemos de entender que hay una grandísima evolución desde pueblos de hace 50, 60, 70 años en que no se cerraban las puertas y te podías pasar de puerta en puerta porque había una red de confianza. Hemos ido evolucionando, cambiando y diferentes cuestiones sociales han ido impactando en el medio rural, pero lo que sí tenemos es que aceptamos las nuevas tecnologías de una manera abierta: las conexiones vía fibra, la implementación en la agricultura y la ganadería de nuevas tecnologías... ¿Cómo no vamos a aceptar como bueno una nueva tecnología que sirve para garantizar la protección de todo aquello que es lo que más quieres?".