Un centenar de personas se ha concentrado este jueves, 13 de marzo, frente a la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de Huesca, en homenaje a María Belén Cortés Flor, educadora social asesinada en su puesto de trabajo en una vivienda tutelada de Badajoz el pasado domingo, y para reivindicar mejoras en las condiciones laborales de estos profesionales.
La convocatoria ha sido organizada por el Colectivo de Educadores y Educadoras Sociales de Huesca, desde la Plataforma por un Convenio Autonómico de Reforma Juvenil y Protección de Menores, y en el acto han participado educadores, integradores sociales, trabajadores sociales, terapeutas educaciones y otros perfiles relacionados con el sector.
En el manifiesto leído durante el acto, se ha exigido a las administraciones públicas que adopten medidas para garantizar la seguridad y mejorar las condiciones laborales del sector. Los participantes han reclamado la revisión de los protocolos de actuación y la implementación de medidas eficaces que eviten futuras tragedias como la de su compañera.
Según el manifiesto, el asesinato de María Belén Cortés Flor refleja la precariedad laboral del sector en España. Los convocantes han destacado que este crimen no es un caso aislado, sino el resultado de condiciones laborales deficientes que ponen en peligro tanto a los profesionales como a los menores atendidos.
La falta de personal y la ausencia de medidas de seguridad adecuadas han sido algunos de los principales problemas denunciados. Se ha advertido que, en muchos casos, los profesionales trabajan solos durante turnos nocturnos sin vigilancia ni personal de seguridad, lo que aumenta su vulnerabilidad. Por ello, han reclamado la presencia de al menos dos educadores por turno y la incorporación de personal de seguridad en estos recursos.
En el manifiesto, se ha criticado la externalización de servicios y las condiciones contractuales precarias, que debilitan la protección de los trabajadores y de los menores. Los convocantes han denunciado que los pliegos de contratación pública imponen condiciones mínimas que precarizan el sector y deterioran la calidad de la intervención.
Se ha exigido la revisión de los planes de prevención de riesgos laborales para que se reconozcan como enfermedades laborales el estrés, la ansiedad y la sobrecarga de trabajo. Además, han reclamado que ningún profesional tenga que enfrentarse a su jornada laboral con miedo.
El Colectivo de Educadores y Educadoras Sociales de Huesca ha llamado a la solidaridad de la ciudadanía y de los profesionales del sector. Han instado a las administraciones públicas y a las entidades responsables a tomar medidas inmediatas para garantizar condiciones laborales dignas y seguras. La concentración ha concluido con un minuto de silencio en homenaje a su compañera fallecida.