El Sindicato de Educación CGT Huesca, segundo en representación en la provincia, ha solicitado formalmente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y a la Dirección Provincial que proceda a investigar las circunstancias del caso ocurrido el 28 de noviembre de 2024 en el IES Ramón y Cajal de Huesca y determine si corresponde iniciar un procedimiento sancionador contra el Inspector Jefe de Educación de la provincia, Ignacio Polo Martínez.
El incidente, recuerda el sindicato en un comunicado, se refiere a una reunión en la que participó Ignacio Polo, en la que el equipo directivo del IES Ramón y Cajal ha confirmado que no fue solicitada por el centro ni hubo quejas formales por parte de las familias, desmintiendo el comunicado del Departamento de Educación. Esta reunión, que resultó en una "modificación de las calificaciones de varios grupos", incluye un vínculo personal con el Inspector Jefe, lo que el Sindicato considera un abuso de autoridad.
CGT Huesca considera este proceder éticamente cuestionable, ya que se utilizó el cargo de Inspector Jefe para tratar asuntos que afectan directamente a un familiar del mismo. Según el artículo 7 de la normativa vigente, este comportamiento podría constituir faltas graves, como abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados, y la intervención en procedimientos administrativos en los que existen causas de abstención legalmente señaladas.
Además de esta solicitud formal de investigación, el Sindicato de Educación CGT Huesca ha expresado su firme compromiso de seguir adelante con nuevas acciones para revertir lo que consideran un abuso de autoridad por parte del Inspector Jefe. Estas acciones también buscarán visibilizar el malestar que su actuación genera entre los y las docentes de la provincia, así como denunciar aspectos más amplios de su gestión, como el exceso desmesurado de burocracia que impone, especialmente en comparación con otras provincias aragonesas. Este aumento de la carga de trabajo no parece traer beneficios reales para el alumnado en general, concluyen.