La Asociación de Personal de Cocina de los Colegios Públicos de Aragón volvió recientemente a exponer sus demandas en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas de las Cortes de Aragón, seis años después de su anterior participación en esta misma sala, cuando todos los grupos políticos respaldaron sus demandas.
Los representantes de la entidad manifestaron su queja por tener que volver ante la falta de repuesta y pusieron sobre la mesa la misma reivindicación: un servicio de comedor escolar público de gestión directa, con menús que se elaboren con productos de proximidad en los propios centros, como única forma de facilitar a los niños y niñas una comida sana, saludable y sabrosa, además de generar economía local, sostenible y cuidadosa con el medioambiente.
Y para llevarlo adelante, se sigue reivindicando unas ratios adecuadas, bolsas de cobertura de vacantes y condiciones dignas de trabajo.
Frente a estas demandas, lamentan que se actualmente las cocinas de los centros públicos de Aragón están mayoritariamente en manos de empresas de cáterin con línea fría, “de tal forma que la elaboración de la comida, con productos procesados y congelados, se hace en cocinas industriales de otros territorios, para posteriormente ser repartida en camiones isotermos, sirviéndose en los platos recalentada con la consiguiente pérdida de sus características organolépticas, y a su mala aceptación por parte del alumnado”.
“No se tarda lo mismo en limpiar 45 kilos de borraja fresca y nutriente que en abrir 10 bolsas de acelga congelada”, lanzó en la comisión Arancha García Carpintero, socia de honor de la entidad de personal de cocina de los colegios públicos de Aragón, para poner de manifiesto las necesidades de estos profesionales.
Defendió que estos trabajadores dependientes de la DGA son profesionales que quieren ofrecer lo mejor cada día, “pero para eso necesitamos tiempo, instalaciones y respeto por nuestra profesión”.
“Tenemos compañeros que dan 150 menús con un contrato parcial de 5 horas diarias -continuó-. ¿Se pueden imaginar la presión a la que están sometidas estas personas?”, preguntó.
Pedro Sánchez, presidente de la asociación, también puso ejemplos similares como la situación de Yasmina, en un colegio de Fraga, y de otros profesionales en los centros de Broto, Castejón de Sos, Ayerbe y Sariñena, entre otros.
Sánchez se refirió con otro ejemplo al mal funcionamiento de las bolsas de trabajo. “Hay una plaza en Gurrea de Gállego porque el cocinero se fue, y hay un compañero en la bolsa de trabajo en Almudévar, a 5 kilómetros, pero como no pertenece a la zona, han contratado un cáterin”, lamentó.
García Carpintero también criticó la falta de bolsas de cobertura de vacantes, lo que provoca que “quedarnos en casa por una baja sea casi un lujo para nuestro colectivo. ¿Piensan seguir consintiéndolo o generarán listas con profesionales?”, preguntó a los diputados.
También llamaron la atención en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas de las Cortes sobre que desde mayo que se publicó el VIII Convenio Colectivo para el personal laboral de DGA, no se han regularizado los derechos reconocidos al personal de cocina, con relación a la contratación, que debe pasar a ser fija, frente al actual contrato de fijo-discontinuo, y sobre un plus por la asunción de funciones de superior categoría, que todavía no se ha integrado en las retribuciones. En este sentido, también destacaron que es un complemento para los cocineros y “no reconoce el trabajo de otro personal que trabaja en las cocinas, como los auxiliares, invisibilizándolos”.
También intervino la secretaria de la entidad, Aurora López, cocinera en un centro de Jaca, que expuso el caso de éxito de este colegio con un proyecto que une al equipo directivo y profesorado, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y al personal de cocina y comedor, “que crea un tándem perfecto de gestión directa”. Esta forma de trabajo sustituye desde 2016 al modelo previo de una empresa de cáterin, para mejorar la calidad del menú que se servía.
“No hemos inventado nada -destacó-, esto ya pasaba antes en todos los colegios, que olían tan rico como huele ahora el mío y no como en los centros donde el servicio está externalizado y a saber de dónde y cómo viene la comida”.
“No sé quién se lleva la pasta de este negocio, pero me enerva pensar que mis hijos pagando 86 euros al mes comen sano, fresco y de proximidad, y por el mismo precio otros comen albóndigas de pescado con, si acaso, un 10 % de merluza y cocinado a cientos de kilómetros de aquí”, puso de manifiesto. “No mueven ni un dedo para que los niños de todos los colegios públicos tengan una comida de calidad”, criticó a los representantes autonómicos como resumen de la queja de esta asociación.