Bajo el lema “Una ciudad digna, un ayuntamiento digno, una acogida digna”, se va a celebrar una concentración ciudadana el martes 26 de septiembre, en la Plaza de la Catedral de Huesca, para reivindicar "la libertad de desplazamiento y el respeto a los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes", así como "la obligación" del consistorio de la ciudad, en coordinación con el resto de administraciones, de "destinar los medios humanos y materiales que garanticen esa acogida digna".
El acto, convocado por el colectivo Bienvenidos Refugiados Huesca para las 12:30, precederá a la presentación, para su debate y votación en el pleno municipal, de una moción de VOX "para excluir de la asistencia de los Servicios Sociales municipales a las personas sin permiso de residencia en España o con una antigüedad de empadronamiento inferior a los 18 meses en Huesca, así como la penalización de las entidades ciudadanas de solidaridad al condicionar la recepción de subvenciones municipales a que acrediten que no ayudan a esas personas".
Bienvenidos Refugiados estima que "ninguna persona es ilegal y que el respeto de los derechos humanos deben regir todas las políticas públicas". Por ello, a través de un comunicado, ha expresado su indignación y dolor al comprobar que "la xenofobia se ha incorporado con naturalidad" al debate de los representantes políticos locales.
De acuerdo con el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de acuerdo a su convicción, agrega la asociación, "toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar", y remarcan su idea de que "ninguna persona es ilegal".
Además, sostienen que las personas refugiadas y migrantes que se incorporan a nuestra vida colectiva en Huesca representan un aporte necesario y enriquecedor para intentar seguir construyendo entre todas una sociedad local diversa y solidaria en la que nadie quede atrás.
Por último, señalan que si alguna persona necesita acceder al sistema de servicios sociales municipal, es la obligación del ayuntamiento, en coordinación con el resto de Administraciones Públicas, la de "garantizar una acogida digna y aportar los recursos existentes en condiciones de igualdad con el resto de personas que viven en Huesca".