La agresión sufrida por un agente de protección de la naturaleza (APN) en la comarca de la Ribagorza ha llevado al sindicato Csif a reclamar nuevamente que se ofrezca seguridad a los miembros de este cuerpo. “Los agentes no disponemos de ningún método de defensa, estamos vendidos ante agresiones que nos puedan sobrevenir en el día a día de nuestro trabajo”, denuncian.
Como expone el sindicato, un agente fue “golpeado y amenazado de muerte por un operario que trabajaba en un aprovechamiento maderable en la comarca de la Ribagorza”, unos hechos que ocurrieron el 29 de abril y que “siguen poniendo de manifiesto que los APN continúan exponiendo su integridad en el desarrollo de sus labores cotidianas”.
Csif denuncia que este hecho “por desgracia no es el primero ni será el último. Supone un factor de alto riesgo la facultad que los APN ostentan como agentes de la autoridad y por tanto agentes denunciantes que trabajan en entornos aislados y desprovistos de medios de defensa”.
Recuerdan otros casos que se han vivido en la provincia de Huesca, algunos de ellos muy trágicos como “el suceso ocurrido en 1991 en Arguis, cuando el agente forestal Pascual Garrido, de 28 años, encontró la muerte mientras asistía a un águila herida en una caseta aislada en el monte. Lo asesinaron con una motosierra y su cadáver fue encontrado por su propio compañero”.
También cita el sindicato que en 1995, dos APN en la comarca de Sobrarbe fueron agredidos a raíz de una denuncia efectuada en materia de caza. “Uno de ellos fue hospitalizado por la gravedad de las heridas”, rememora.
Más recientemente, en 2016, dos agentes fueron amenazadas al requerir la documentación durante una inspección de caza, un caso que llegó a los tribunales. Y cita que en 2017, dos agentes rurales en Cataluña fueron tiroteados por un cazador que acabó con sus vidas.
“Los casos más recientes, además del mencionado en la Ribagorza, han sucedido en la provincia de Teruel -añade-, donde un APN fue acorralado en el interior de su vehículo oficial, tras recibir agresiones físicas y verbales, además de amenazas como respuesta a una denuncia. El otro caso consistió en violencia con daños en el vehículo particular de un APN, al que pincharon las ruedas de su coche como respuesta a una denuncia formulada a cazadores”.
Explica el sindicato que los “clásicos” que han sufrido los APN a lo largo de la historia son, principalmente, daños en los vehículos particulares, frecuentemente pinchazos en los neumáticos y daños en la carrocería; y amenazas de agresiones o negación de servicios en caso de necesitarlos, como el caso de un médico denunciado en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que “amenazó a un APN negándole auxilio médico en caso de que en un futuro pudiera necesitarlo”.
Además, “acoso y daños psicológicos al APN y a su familia en el domicilio particular, además del aislamiento sufrido en el entorno social, en pequeñas localidades; e insultos y actitudes irrespetuosas hacia los agentes”.
En junio de 2015, Csif dirigió un informe al Departamento de Medio Ambiente describiendo los casos que se habían producido y las medidas que consideraba necesario implementar para evitarlos en lo posible. También demandó un protocolo de violencia externa específico con medidas concretas para los agentes, dado que “la actividad laboral de este colectivo se desarrolla en entornos aislados, a veces carentes de cobertura tanto de móvil como de emisora”.
Dos años después, en mayo de 2017, dentro del ámbito de prevención de riesgos laborales, CSIF solicitó un informe a peritos judiciales en el uso de la fuerza. “En este informe quedó patente que -como recoge-, la dotación del equipo básico de autoprotección para el Cuerpo de los Agentes Forestales y Medioambientales, no sólo es recomendable sino que se materializa indispensable para el desarrollo de las funciones encomendadas a este colectivo”.
Sin embargo, el sindicato lamenta que, a fecha de hoy, los agentes no disponen de ningún método de defensa, y reclama protección frente a las agresiones en el ejercicio de su labor.