El presidente del Comité del Transporte Sanitario de Huesca, Juan Antonio Busqueta, con los de Zaragoza y Teruel, José Luis Martínez y David Alejos, han presentado ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón los "hechos de una gravedad incuestionable que están acaeciendo en el sector del Transporte Sanitario Urgente de Aragón", que "ponen de manifiesto un grave peligro en la asistencia sanitaria vital de emergencias a la ciudadanía, así como su legitimación a ser atendidos con unos criterios mínimos de calidad no discriminatorios, y que por tanto no tengan que sufrir las graves consecuencias derivadas de la falta de asistencia en caso de una emergencia fiscal".
Induce a los representantes de los trabajadores "la desactivación y merma de profesionales en las tripulaciones exigidas según RD 836/2012. Estas anomalías concurrentes de Ambulancias de emergencias se suceden a lo largo de todo el territorio aragonés, hablamos de desactivación al hecho de dejar de prestar servicio sanitario de emergencias de forma parcial o total, vehículos entre los que se encuentran ambulancias de máxima responsabilidad asistencial (Unidades de Soporte Vital Avanzado SVA en sus dos vertientes, Unidades Médicas de Emergencias y Unidades de Vigilancia Intensiva ante pacientes tiempo-dependientes, como pueden ser la atención a infartos, ictus, accidentes de tráfico o laborales, o el traslado de pacientes graves a hospitales de mayor entidad asistencial, como pueden ser incubadoras neonatales, servicio de neurocirugía, unidad de quemados, etc.)".
Aluden también a las múltiples ambulancias de Soporte Vital Básico que "han dejado de prestar servicio de forma parcial o total a la ciudadanía desde el mes de junio de 2023". A este respecto, adjunta un listado de incidencias (80 en total) en Aragón que reproducimos en el documento adjunto al pie de esta información, con 59 en la provincia de Zaragoza, 12 en Huesca y 11 en Teruel además de que los refuerzos de Sallent, Canfranc y Benasque no se han implementado desde su inicio.
Recuerdan en los antecedentes de hecho que el Sistema de Transporte Sanitario Terrestre Urgente fue adjudicado el 7 de noviembre 2022 y con fecha de formalización del contrato 1 de junio a Ambulancias Tenorio e Hijos SLU por 127,6 millones de euros de canon neto de adjudicación y un importe total de 185 millones de euros.
Tras haber sido interpelada la contratista ante la administración sanitaria por incumplimientos de contrato, "las consecuencias de los hechos mencionados han llevado a una situación de falta de gestión y dejadez en este sector denunciada con anterioridad ante esta Fiscalía por hechos similares por parte de la anterior adjudicataria (Acciona), y que ahora se repiten por parte de la actual. Hechos que consideramos del todo irrespetuosos por parte del contratista ante un sector tan sensible de la sanidad aragonesa".
Por la "deficiente gestión" de Ambulancias Tenorio e Hijos, en los tres meses de comienzo del servicio, "se han dejado de cubrir puestos por una evidente falta de planificación. Como consecuencia de ello, los respectivos vehículos han dejado de prestar un servicio sanitario básico y esencial poniendo en riesgo la atención vital de los ciudadanos aragoneses. Ante estos hechos, han sido numerosos los responsables públicos que han pedido las oportunas explicaciones a la administración sanitaria por el déficit asistencial que esta circunstancia supone en sus ámbitos de influencia, tales son los casos de los alcaldes de Daroca, comarca del Aranda, Sobrarbe, etc".
En un segundo punto, sostienen que "este déficit asistencial provocado por la falta de operatividad de gran número de ambulancias, y en particular las ambulancias de refuerzo estival, tiene lugar en los meses con mayor incidencia de desplazamientos de ciudadanos aragoneses por ser estación estival de vacaciones, dejando en una auténtica situación de desprotección sanitaria a muchos pacientes que deban ser trasladados en vehículos sanitarios a consecuencia de sus posibles afecciones sanitarias, así como la cobertura a los recientes brotes detectados de COVID en Aragón".
Como consecuencia de estas carencias, "han dejado de trabajar de forma total o parcial en Aragón gran parte de las 90 ambulancias urgentes que prestan servicio en la comunidad, lo que supone que un alto porcentaje del total de dotaciones han sido afectadas de una forma u otra".
De ahí que ante la Fiscalía solicitan que "se depuren las responsabilidades oportunas ante la dejación de funciones e incumplimientos de la contratista, así como la falta de fiscalización, auditoría y acción sancionadora si procede por parte de la autoridad sanitaria competente, frente a lo que supone una situación de grave riesgo vital, que atenta notablemente contra el derecho a la asistencia sanitaria de todos los aragoneses, ya no solo en cuanto a lo que debería ser el normal funcionamiento del servicio de Transporte Sanitario Urgente, sino aún más si cabe, atendiendo a la esencialidad de este sector, dentro de lo que supone la atención sanitaria urgente en el actual contexto de pandemia".
Los representantes de los comités recuerdan en el documento las penalizaciones contempladas en el pliego por incumplimientos y que habrían de ser aplicadas al contratista (ver el documento).