Alrededor de 70 docentes en activo y jubilados, así como representantes de los sindicatos CGT, HUSTE y CCOO, han reclamado este martes, ante las puertas de la Dirección Provincial de Educación, que se abra un expediente informativo al inspector jefe de Educación, Iñaki Polo, para investigar si ha incurrido en un "presunto abuso de poder y prevaricación". En caso de que se confirme, solicitan que se actúe en consecuencia.
Según han explicado los manifestantes, el origen de la protesta ha sido un incidente reciente protagonizado por el inspector jefe. Isidro Garrido, uno de los asistentes, ha relatado que “a uno de los hijos del inspector le suspendieron un área, y él no estuvo de acuerdo con ese suspenso porque consideraba que no se ajustaba a lo que establece la norma sobre evaluación”. Garrido ha añadido que Polo habría exigido la modificación de la programación didáctica de esa asignatura sin consultar a la profesora titular, lo que, a juicio de los manifestantes, supone una extralimitación de sus funciones y una vulneración de los procedimientos reglamentarios.
Isidro Garrido ha insistido en que Polo “no actúa como tutoría ni como inspector de referencia del centro, sino que interviene aprovechando su posición privilegiada como inspector jefe”. Además, ha añadido que “es un comportamiento que lleva repitiéndose años”, generando un clima de presión constante hacia el profesorado y una interpretación extrema de las normas. Según el docente, la actuación del inspector jefe obliga a los profesores a cumplir medidas que, si bien no son las únicas posibles, son impuestas sin margen para otras alternativas.
Durante el acto, se han recogido firmas como medida de presión y se ha leído una carta que se dirigirá a la consejera de Educación, Tomasa Hernández, y a la directora provincial, Mónica Martínez. La lectura ha corrido a cargo de los docentes jubilados Elisa León y Fernando Vallés.
La carta expresa que se dirigen a la Directora Provincial para manifestar su más profunda preocupación por los reiterados comportamientos autoritarios y el posible abuso de poder que ha demostrado el Inspector Jefe de la provincia.
Se señala que esta situación ocurre en un contexto de creciente y estéril burocratización, donde se ha impuesto un sistema de evaluación que resulta ineficaz, costoso y prácticamente imposible de implantar. Esto, según indican, ha generado un preocupante estado de desánimo, estrés y ansiedad entre los profesores, lo que en los casos más extremos ha dado lugar a bajas laborales.
Asimismo, expresan que resulta realmente complicado cumplir con las exigencias de la Inspección sin reducir el tiempo necesario para preparar bien las clases, participar en proyectos educativos, compartir experiencias con los compañeros y desarrollar propuestas innovadoras, aspectos que consideran esenciales para su trabajo. A este respecto, se preguntan si todo el esfuerzo burocrático no se traduce en una mejora de la práctica docente ni beneficia a los alumnos, cuestionando “¿a quién beneficia?”
Se afirma que frente a una inspección que pone el énfasis en fiscalizar las formas, es necesario trabajar para lograr una inspección basada en la confianza en el profesorado, respetuosa con la autonomía de los centros y que favorezca una enseñanza creativa, democrática, con proyectos ilusionantes y que promueva un ambiente de respeto, colaboración y justicia en la comunidad educativa.
En este contexto, exponen que el Inspector Jefe visitó un centro para resolver un problema que le afectaba personalmente, saltándose los cauces establecidos para cualquier familia. Además, habrían indicado que utilizó su posición de privilegio para imponer una solución al conflicto en función de su interés particular. Aseguran que las consecuencias han sido el descrédito del Departamento y de la profesora afectada, además de una mala enseñanza para los alumnos, que podrían perder la confianza en el criterio de la docente.
En base a los hechos expuestos, solicitan la apertura de un expediente informativo para determinar si la actuación de la Inspección ha sido correcta o es manifiestamente censurable, con las consecuencias que de ello se puedan derivar.
Finalmente, confían en que la Dirección Provincial de Educación tomará en cuenta la gravedad de la situación y actuará en consecuencia para garantizar el buen funcionamiento del sistema educativo.