La Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca ha constituido ya el grupo del trabajo para la prevención de los ataques de oso en el Pirineo aragonés. Este pasado miércoles tuvo lugar la primera reunión de esta comisión, en la que participa también el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación a través de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, y en el que están representados los principales organizaciones agrarias de la comunidad (Uaga, Araga, UPA y Asaja), además de cooperativas agroalimentarias, ganaderos afectados y los ayuntamientos de Hecho y Ansó, municipios donde se han centrado los ataques durante esta temporada.
En la cita se ha acordado seguir trabajando en medidas de prevención consensuadas, con propuestas desde los territorios afectados, en analizar el baremo de daños que se aplica actualmente, así como el protocolo de tasación de los mismos. Los integrantes de la comisión han acordado realizar aportaciones y emplazarse a una nueva reunión a mediados del mes de diciembre.
En estos momentos, en la dirección general hay 34 expedientes de daños en tramitación, que suponen indemnizaciones por valor de 21.165 euros, con un total de 42 ovejas muertas, si bien estas cifras podrían incrementarse con nuevas reclamaciones de daños de ataques posteriores.
Todos son de ataques en los términos municipales de Ansó, con un total de 31 y Hecho, con 3, donde se ha detectado la presencia de tres ejemplares: una hembra (Claverina) y dos machos subadultos (hijos de Sorita). Es posible que ocasionalmente hay entrado en algún momento un cuarto ejemplar, que sería otro macho subadulto hermano de los anteriores.
La Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca trabaja junto con los afectados y con el territorio en medidas de prevención para evitar los ataques. De este modo, la pasada primavera se instalaron ya dos refugios de pastores en los puertos de Aguas y Estriviella y se instalará un vallado durante la próxima primavera en una de las zonas más afectadas.
El oso pardo está catalogado como "especie en peligro de extinción" y protegido bajo la legislación nacional a través de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta protección se refuerza a nivel europeo mediante la inclusión del oso en el Anexo II de la Directiva Hábitats de la Unión Europea, que obliga a los Estados miembros a adoptar medidas para su conservación, restauración de hábitats y gestión de amenazas. Estas normativas prohíben su caza, captura o cualquier acción que pueda poner en peligro su población, asegurando un entorno seguro para su desarrollo.