Más de diez años después de que se iniciaran las disputas, el Ayuntamiento de Huesca y la Comunidad de Propietarios Fidel Pagés Miravé, conocido el inmueble como Edificio Laurentis, han sellado un acuerdo para solucionar el gravísimo problema de filtraciones, fetidez e incomodidades que vienen arrastrando los vecinos desde 2014 aunque ya prácticamente desde que se habitó en 2008 hubo problemas.
El Decreto de Alcaldía número 423/2025 comienza recordando el procedimiento ordinario por un recurso de los residentes en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo frente al decreto del anterior primer edil que responsabilizaba de las patologías a la Comunidad a la que conminaba a la reparación de los tramos de la red de saneamiento que conectan el inmueble a la red municipal. La demanda suscrita por el letrado Ricardo Orús Rodés reclamaba, por el contrario, que asumiera el Ayuntamiento el coste íntegro de las obras en sus bienes públicos para corregir y evitar los daños y deficiencias que persisten en la propiedad privada del edificio. Un peritaje había constatado los daños en los bienes de dominio público.
CINCO CLÁUSULAS PARA TERMINAR EL CONFLICTO
El decreto suscrito por Lorena Orduna aprueba el acuerdo transaccional fruto de la reunión final con el representante vecinal, Sebastián Campo, que desde hace años se ha convertido junto al letrado Orús Rodés en el ariete contra las dificultades de corporaciones y técnicos.
En la primera, el Ayuntamiento se compromete a elaborar a su cargo un proyecto técnico que delimitará el ámbito necesario de actuación para subsanar las patologías que se comprueben y establecerá las actuaciones para su subsanación de acuerdo con el Código Técnico de Edificación, incluyendo los trabajos que fueran necesarios para estabilizar el terreno que no estuviera compactado en el entorno del edificio, para reparar las acometidas y conexiones dañadas y la reposición del acerado, la calzada y el mobiliario urbano afectados, garantizando que el acerado desagüe hacia la calzada y no hacia el muro del sótano.
No se incluyen las zonas en las que no se constaten patologías. Además, tampoco contemplará la ejecución de trabajos en el centro transformador de Endesa, que habrá de resolver la Comunidad con la compañía propietaria de este equipamiento que registró daños por filtracuiones de agua.
La segunda indica que el consistorio acometerá el proyecto técnico a información pública con notificación individualizada a la Comunidad de Propietarios para las posibles alegaciones. La tercera señala que el Ayuntamiento sacará a licitación la ejecución de las obras de acuerdo al proyecto. Para la mayor celeridad, la intención es incorporar la asistencia técnica para la redacción del proyecto para el ejercicio 2025 de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, y la ejecución se incorporará al ejercicio 2026.
Cuarta, tras la recepción de las obras por el Ayuntamiento, el mantenimiento, conservación y reparación de las acometidas de vertido-saneamiento y abastecimiento de agua desde el edificio hasta la tubería de la red general corresponderán a la Comunidad, independientemente de la existencia de arquetas, pozos u otros elementos de conexión.
Concluye el decreto, antes de explicar que ha sido sometido a su homologación judicial, que la Comunidad y todos sus propietarios "están plenamente conformes con al adopción de este acuerdo".
FIN A LA PESADILLA DE "ESTA CASA ES UNA RUINA"
EL DIARIO DE HUESCA detallaba bajo el epígrafe de la película protagonizada por Tom Hanks la pesadilla que los vecinos han padecido desde la entrega en 2008 y el rápido deterioro y cesión del exterior del inmueble en centímetros de hundimiento, las filtraciones en los garajes, los olores en los ascensores y toda una serie de desastres que, sin embargo, pese a haberlos denunciado desde 2014, no dieron lugar a la exigencia del seguro decenal para el constructor que expiraba en 2018.
De esta pregunta al Ayuntamiento se transitó a un largo litigio y diferencias de criterio entre los vecinos sufridores y el consistorio, que culminó con la habilitación de una partida de 95.000 euros para unas primeras subsanaciones que habilitó la anterior corporación y que la Comunidad adujo que no servía ni para empezar a afrontar todas las patologías que padecía. Las discrepancias derivaron en recurso contencioso administrativo contra el Decreto de Alcaldía de 5 de octubre de 2022, que estimaba parcialmente el recurso de reposición contra otro Decreto del alcalde de 28 de abril que atribuía a la Comunidad toda la responsabilidad y le exigía la reparación de los tramos de la red de saneamiento de su propiedad como causantes de ls patologías en la urbanización, además de acerados y viales públicos. Le daba tres meses para presentar el proyecto y seis para acometerlo.
En la demanda, la Comunidad suplicaba que el consistorio aceptara la obligación de asumir en exclusiva el coste íntegro y la ejecución de los trabajos y obras en sus bienes públicos para corregir y evitar los daños y deficiencias, que todavía persistían.
La negativa del Ayuntamiento dejaba en punto muerto el asunto y, fijada la práctica de la prueba testifical-pericial para el 27 de septiembre de 2023, ya con la nueva corporación, ambas partes solicitaron la suspensión del procedimiento para alcanzar una solución transaccional en la que imperase el criterio de los técnicos.
Entendiendo la dificultad de determinar la responsabilidad y la razón de la rotura de las acometidas (si es por una defectuosa compactación del terreno o la deficiente ejecución o mantenimiento o la existencia de aguas subterráneas que han propiciado el hundimiento del terreno), las dos partes decidieron celebrar un acuerdo para anticipar el fin del proceso judicial en tramitación que ha derivado en las cláusulas ya aludidas.