La fiscal Provincial de Huesca, de la Sección de Medio Ambiente, ha admitido la denuncia que presentó el Movimiento ciudadano Teruel Existe por posible delito ambiental en la evaluación de 15 proyectos de renovables en Aragón.
Se presentó ante los fiscales de Medio Ambiente de Teruel, Huesca y Zaragoza, y también en la fiscalía general del Estado (sala de medioambiente y urbanismo), denunciando “casos flagrantes de presuntas irregularidades constantes en la evaluación de plantas de energías renovables en Aragón”, indica Teruel Existe. Apunta que se "aportaron pruebas y documentación", instandoa las fiscalías a evaluar “si el Inaga ha incurrido en irregularidades “en relación a la autorización ambiental de los parques eólicos mencionados, así como a la ubicación de algunos de los parques en espacios especialmente protegidos”.
En la provincia de Huesca, la denuncia hace referencia a tres plantas eólicas en los municipios de Castelflorite, Peralta y Berbegal, conocidas como Planta de Santa Cruz I, Santa Cruz IV y San Isidro II.
La decisión de la Fiscalía de Huesca se sustenta en el informe recibido el 12 de julio elaborado por la Uprona de la Guardia Civil (Unidad de Protección de la Naturaleza), teniendo en cuenta la normativa autonómica y estatal, en el que se concluye: “La Administración Autonómica, a la vista de los hechos, debería haber paralizado los expedientes de autorización en el momento de detectar que se trataba de una entidad pública. Los síntomas denotaban este hecho eran: La solicitud por separado de la construcción de elementos que formaban parte de más de un parque, la titularidad de las empresas, la cercanía de unos parques con otros, o simplemente la cantidad de MW producidos que iba a resultar de la suma de varios de esos parques. En ese momento deberían haber informado a las empresas de que tenían que presentar un proyecto único a la Administración Central, e invalidar todo lo tramitado hasta entonces. De hecho, hay noticias en prensa de que en esta provincia existen parques eólicos cuyas autorizaciones están siendo tramitadas por el Gobierno central (Miteco) (...) Al no haberlo hecho así, es parecer de esta Fuerza que se podría haber cometido un delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del vigente Código Penal, por parte de los órganos implicados del Gobierno de Aragón, al haber dictado resoluciones en todo este proceso que, por todas las razones expuestas anteriormente, son absolutamente arbitrarias. En este caso, los responsables serían la Dirección del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Huesca, así como la Dirección del Inaga”.
En vista del informe de la Uprona de la Guardia Civil, el escrito establece que “ha resultado la necesidad de ejercer la acción penal mediante la interposición de denuncia y promover la incoación del oportuno procedimiento judicial mediante con remisión al Juzgado de Instrucción de la denuncia inicial, así como de la integridad del informe de la Uprona por un presunto delito contra la administración pública y/o contra los recursos naturales y el Medio Ambiente”. Con el fin de averiguar el alcance de las irregularidades señaladas e investigar los hechos, se pide que "se admita la denuncia, que se incoen diligencias previas y que, en su caso, con carácter previo a tomar declaración de investigados, se practiquen diligencias”.
La denuncia fue remitida por Teruel Existe el 3 de enero y en ella se mantiene que "el Gobierno de Aragón habría estado otorgando autorizaciones ambientales a varios proyectos de generación de energía eólica y fotovoltaica en la comunidad autónoma de forma ilícita". Teruel Existe alegó entonces que cuando el proyecto supera la capacidad de 50 MW, la Declaración de Impacto Ambiental debe ser otorgada por el Estado, mientras que por debajo de ese umbral, debe ser otorgada por la comunidad autónoma correspondiente, y de ahí se derivaría el “fraude que consistiría en que se han autorizado varios proyectos pequeños que en realidad serían uno más grande, habiéndose realizado así para eludir la obligación de presentar un único proyecto al órgano estatal correspondiente y ganando de esta forma, supuestamente, tiempo y facilidad en la autorización final”. También indicaron un "posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, al haberse producido un daño por la construcción de las instalaciones habiendo vulnerado la legalidad".