Organizaciones de derechos humanos y defensa de la libertad de expresión de Huesca se han concentrado este martes en la plaza de Navarra, uniéndose a las movilizaciones en distintos puntos del país, para exigir una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, que "garantice el ejercicio de los derechos y libertades".
Esta movilización se plantea cuando los grupos parlamentarios siguen sin llegar a un acuerdo que ponga fin a una norma que, denuncian, lleva ocho años poniendo en peligro el derecho de protesta.
A iniciativa de Amnistía Internacional Huesca, decenas de personas de esta organización y de otras como la Asociación del barrio del Perpetuo Socorro, Bienvenidos Refugiados, Colectivo Ciudadano, Colectivo de mujeres feministas, Aula Libre, Universidad Ciudadana Alouda, Extinction Rebellion, Stop Desahucios, Colectivo To y Ecologistas en Acción Huesca permanecieron amordazados en silencio durante cinco minutos.
Posteriormente, Enrique Laplaza ha leído el manifiesto de Anmistía Internacional, que denuncia que la ley mordaza se ha empleado de manera recurrente desde su aprobación en 2015 para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que se implican en la defensa de los derechos humanos.
Ante la inminente reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, apunta que “si no se escuchan nuestras demandas sobre la reforma, la protesta seguirá amordazada”. La propuesta de reforma “ha llegado con bastantes años de retraso” y, además, si no se modifica, “no eliminará los elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un maquillaje a la ley mordaza”; “seguirá suponiendo una mordaza frente a la protesta pacífica”, agrega.
El manifiesto recuerda que, desde la aprobación de la reforma de la ley en 2015 y hasta diciembre 2019 se impusieron cerca de 140.000 sanciones basadas únicamente en dos artículos: “resistencia, desobediencia o negativa a identificarse" y "faltas de respeto a la autoridad", lo que supone el 70 % del total de las impuestas en materia de seguridad ciudadana. “Ninguno de estos artículos es abordado por el acuerdo de reforma ni plantea eliminar el artículo relativo a la “difusión de imágenes” de actuaciones policiales”, señala.
De esta forma, entiende que la propuesta es “una reforma ‘ni-ni, porque ni reduce los amplios poderes discrecionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni establece adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas, dejando la puerta abierta a actuaciones arbitrarias. Ni se prohíbe el uso de pelotas de goma -agrega- ni elimina el artículo que criminaliza a las trabajadoras sexuales y a las víctimas de trata con fines de explotación sexual”. Tampoco incluye “la prohibición expresa de redadas racistas, ni plantea eliminar la aparente cobertura legal dada por la ley a las expulsiones ilegales en frontera conocidas como devoluciones en caliente”, recoge.
“Ante todo ello, no nos quedamos calladas, nos movilizamos. Este 8 de noviembre volvemos a defender el derecho a la protesta protestando”, señala.
“Tras 7 años movilizándonos”, reclama que “se deje de reprimir la protesta y de vulnerar derechos con esta ley, y que se apruebe una ley que de verdad garantice el ejercicio de nuestros derechos y libertades”.