La posibilidad de aforamiento de Miguel Gracia, expresidente de la Diputación Provincial y nuevo senador en sustitución de la eurodiputada Rosa Serrano, determinará la causa por la que es investigado por el traspaso del actual presidente de la Comarca del Sobrarbe de su puesto de Protección Civil a funcionario de carrera del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la corporación altoaragonesa, condición procesal que también comparten el propio José Manuel Bielsa y otros dos supuestos beneficiarios de un mecanismo similar, además del letrado de la DPH. También la adjudicataria del puesto del SPEIS del proceso iniciado el pasado año.
El asunto ha saltado a la palestra pública por un artículo de EL MUNDO titulado "El PSOE ‘blinda’ en el Senado al ex presidente de la Diputación oscense", en el que indica que el aforamiento como miembro de la Cámara Alta podría trasladar el caso al Tribunal Supremo.
La investigación está abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Huesca, con la acusación de uno de los ocho aspirantes a los puestos concedidos a Bielsa Manzano y otros dos beneficiarios del traspaso de Protección Civil de la Comarca del Sobrarbe al SPEIS de la Diputación, los que incoaron la primera denuncia sustanciada en contra de la determinación de la DPH a la que posteriormente se sumaría como acción popular el sindicato CSIF.
Tanto en la sentencia de 30 de octubre de 2018 del Juzgado de lo Social como la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), sostienen que el servicio que prestaban el hoy presidente de la Comarca de Sobrarbe y los otros dos implicados se enmarcan dentro de las competencias de un servicio de protección civil, y no de los de prevención y extinción de incendios. De hecho, el TSJA explicita la formación de estos últimos frente a la de 75 horas de aquel para la lucha contra el fuego.
No solo se ha obtenido sentencia del TSJA sino también del Tribunal Supremo de las ilegalidades que ahora se están investigando, con las declaraciones señaladas para el próximo mes de octubre.
La propia acción popular demanda que salgan a la luz las actas y documentos de las comisiones mixtas de transferencias, que podrían dar luz a esta actuación de Diputación y Comarca del Sobrarbe. Lo que para las acusaciones está claro es que se adoptaron actos administrativos como la incorporación de los tres investigados a sabiendas de las sentencias contrarias del Juzgado de lo Social y del TSJA. En las mesas generales de negociación de la Diputación, serían conocedores de estos fallos judiciales.
La diferencia entre estos profesionales de Protección Civil y del SPEIS no se circunscribe a la formación y la cualificación exigida. Con el paso al servicio provincial, los beneficiarios mejoran sus categorías, optimizan sus condiciones laborales en jornadas entre otros aspectos y elevan sus salarios.
Además, existe una gran diferencia en la consideración legal por las competencias y funciones que se enmarcan en la normativa para encuadrar a unos y otros en diferentes grupos. Los demandantes pretenden que se ratifiquen las sentencias previas y, por tanto, se cumplan sus aspiraciones para convertirse en funcionarios de carrera del SPEIS, condición que alcanzaron en el proceso ahora investigado el presidente de la Comarca de Sobrarbe y otros dos trabajadores.
Cabe recordar que Miguel Gracia ya fue denunciado por presunta prevaricación en la adjudicación de un puesto en el SPEIS y hubo de comparecer ante el Juzgado número 4 de Huesca, que finalmente archivó la causa al entender el órgano judicial que no tenía conscienci de estar cometiendo una ilegalidad flagrante.