Un juzgado admite a trámite la demanda de Laborda contra los ediles Rubió y Magán y el representante de VOX Fermín Civiac

La acusación es de descubrimiento y revelación de secretos, calumnias e injurias graves con publicidad

DH
20 de Junio de 2024
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Antonio Laborda, Susana Magán y José Luis Rubió en el pleno del Ayuntamiento de Huesca
Antonio Laborda, Susana Magán y José Luis Rubió en el pleno del Ayuntamiento de Huesca

La demanda de Antonio Laborda contra los concejales de VOX José Luis Rubió y Susana Magán y el coordinador provincial de la formación, Fermín Civiac, ha sido admitida a trámite por la juez de instrucción correspondiente, para investigar unos presuntos tipos ilícitos de descubrimiento y revelación de secretos, calumnias con publicidad e injurias graves con publicidad.

La comunicación este miércoles de la admisión a trámite continúa un proceso que sigue a la conciliación sin acuerdo del mes de febrero después de que la formación verde acusara a su ya exedil de irregularidades por incompatibilidades de su desempeño profesional con la dedicación exclusiva como portavoz en el consistorio oscense.

Las hostilidades, que prácticamente han acompañado todo el mandato tras la constitución del Ayuntamiento tuvieron varios hitos como el abandono del grupo de Laborda para continuar como concejal no adscrito pese a la insistencia de VOX de que renunciara al acto, y la rueda de prensa de 28 de noviembre con acusaciones hacia la labor como concejal portavoz.

Rubió presentó el 21 de diciembre en el Registro General del Ayuntamiento de Huesca una denuncia con más de quinientos folios con el contenido de correos electrónicos particulares que la defensa de Laborda consideró punibles por una supuesta infracción de las leyes de protección de datos, derecho al honor y a la intimidad al incluir nombres de personas físicas y jurídicas, además de la entrada en un equipo informático que manejaba el munícipe.

Ahora, se inicia un procedimiento tras la admisión a trámite completa de la demanda de Antonio Laborda que habrá de sustanciarse en los próximos meses, según fuentes jurídicas cuatro o cinco mínimo.

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