"El poder judicial es la garantía del Estado de derecho y debe controlar los excesos de un poder ejecutivo que no tenga claros los principios de separación de poderes e independencia judicial". Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, ha asumido hace apenas un puñado de semanas las competencias de Justicia y se ha puesto manos a la obra. En la conversación en el Palacio de Justicia de Huesca, ante este 15 de septiembre de 2024 en que se cumplen justo diez años de su inauguración, se compromete con la consignación de recursos humanos y materiales para la eficacia y la eficiencia. Para ofrecer un mejor servicio en un instrumento esencial del Estado de Derecho, actualmente dique de contención "ante los excesos que se viven en España". Estas son las certezas, convicciones e intenciones de la titular de Justicia en el Gobierno de Azcón con una idea que resume sus objetivos: "Tratar a los ciudadanos como personas y no como números".
Diez años ya del Palacio de Justicia de Huesca que usted vivió desde otra responsabilidad. ¿Es de justicia, valga la redundancia, reconocer la sensibilidad del Gobierno Rudi?
La realidad que teníamos en el año 2014 no es la misma que la de 2024. El presupuesto de Aragón en ese momento superaba ligeramente los 5.000 millones de euros y hoy es superior a los 8.500, por ejemplo. Así que es de justicia reconocer que, en un contexto tan complicado, tuvieran la visión de renovar y mejorar el sistema de justicia de Huesca con unas nuevas instalaciones. Hoy se puede ver como algo natural, pero entonces fue un logro ejemplar que sirvió para mejorar este servicio público haciéndolo mucho más eficaz y eficiente. Supuso una modernización del sistema judicial, se han agilizado los tiempos y se ha facilitado el trabajo de los profesionales.
A pesar de las reticencias iniciales por aquello de las inercias y la centralidad de los viejos juzgados, se supone que la racionalidad acaba otorgando mejores frutos para el ciudadano.
Cambiar las inercias de décadas es complicado. Pasó también en Zaragoza cuando salieron los juzgados de la plaza del Pilar y se creó la Ciudad de la Justicia junto a la Expo. Las preguntas que hay que hacerse son: ¿Están mejor hoy los trabajadores y los profesionales? ¿Las instalaciones son mejores? ¿Responden de forma más adecuada a la Justicia del siglo XXI? ¿Se presta un mejor servicio a los aragoneses? La respuesta a todas estas preguntas es clara: sí.
¿Qué rango de prioridad tiene la Justicia dentro de las inversiones del Gobierno de Aragón?
La calidad de vida de una sociedad depende de muchas áreas y la Justicia es una de ellas. Además, los demócratas otorgamos una gran importancia a la Justicia y sabemos que esta sólo será efectiva si se le dota de los recursos necesarios. Sobre esa premisa actúa el Gobierno de Aragón, que siempre respetará su independencia y la dotará de partidas e instrumentos para que el sistema funcione mejor. Es decir, para nosotros el buen funcionamiento de la Justicia es prioritario porque garantiza la libertad.
"El Gobierno de Aragón siempre respetará su independencia y la dotará de partidas e instrumentos para que el sistema funcione mejor"
En esa misma dirección, ¿aprecia que todavía habría que simplificar más la Justicia para que sea más útil y accesible al ciudadano?
Siempre queda trabajo por hacer. Queremos tener edificios judiciales tecnológicamente modernos y en eso vamos a incidir. En Aragón se habla desde hace años de trabajar para que la administración de justicia llegue a todos los rincones. Es decir, que el hecho de vivir en pequeños municipios no suponga un impedimento para el acceso a los servicios. En ese sentido, pronto quedarán completamente digitalizados todos los tomos (9.257) del Registro Civil por medio de DICIREG. Con este sistema se suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en secciones (nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales) y en su lugar se crea un registro individual desde el momento en que realiza su primera inscripción. Cada persona tendrá un código personal. Así, en una sola página se encontrará toda la información que el registro civil publica sobre cualquier particular. Es un gran avance para todos. Además, a principios de este año Aragón completó la apertura de la sede judicial electrónica a las personas físicas. Fuimos la segunda Comunidad en conseguirlo. En definitiva, hoy por hoy la justicia a nivel tecnológico en Aragón es una de las mejores de España, de las más avanzadas. El ciclo vital de un expediente es 100% digital.
¿Son ustedes la intendencia humana y material del Poder Judicial, imprescindible al final para que un juez dicte una sentencia?
La Justicia es una responsabilidad compartida entre el Gobierno central y el autonómico. Nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación, como ya le he dicho, contribuyendo con los avances necesarios en la medida de lo posible, dotando a la comunidad de los juzgados que realmente se necesitan. Estoy pensando en el número 24 para la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, sin olvidar tampoco las demandas del conjunto del territorio.
¿Le gustaría que fuera más eficaz la Justicia?
Todos deseamos que la Justicia sea ágil y rápida. Pero ese objetivo impregna a todas las competencias del Gobierno de Aragón, que tiene en la eficacia uno de sus principios básicos de actuación. Debemos garantizar, y también reivindicar, que la Justicia disponga de los medios adecuados para que no se pierdan en el limbo del tiempo los asuntos que ahí se dirimen. Por eso queremos que se abra completamente a las nuevas tecnologías y se aprovechen las posibilidades que tenemos en el siglo XXI. La Justicia es un servicio público cuya calidad debemos garantizar.
Nueva presidenta del Poder Judicial y primer aviso: que ningún poder del Estado pueda dar instrucciones a los jueces. ¿Firma?
Lo alarmante es que genere sorpresa una afirmación que todos debemos dar por obvia en un Estado de Derecho y con el principio de separación de poderes. Sorprende que lo tenga que decir. Y si lo hace, si sorprende, es por lo que está sucediendo actualmente. Son incomprensibles las injerencias que hay en el poder judicial por parte del poder ejecutivo. Ningún país que sea democrático puede tener un Gobierno atacando cada dos por tres a los magistrados. Y en este país se están escuchando cosas como que el sistema judicial español es prevaricador y que los jueces son corruptos. Vivimos una situación atípica, pero tenemos claro que lo que necesitamos son jueces independientes. Como explicó recientemente el presidente de nuestro partido, Alberto Núñez Feijóo, tenemos que establecer un sistema para blindar la independencia del Poder Judicial. No es normal, por ejemplo, que Conde-Pumpido, que fue nombrado fiscal general por Zapatero, ahora presida el Constitucional. Ni que miembros de un Gobierno pasen al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Eso no puede volver a ocurrir.
¿Piensa prestar oídos y atención a los problemas del Turno de oficio?
Todos los ciudadanos tienen derecho a la defensa legal y, en este caso, es el turno de oficio el que se encarga de garantizarlo. Puedo asegurar que vamos a comprometernos con su tarea y compromiso para atender sus reivindicaciones. Sabemos que atienden más de 25.000 asuntos de justicia gratuita al año (datos de 2023) y queremos que todos los ciudadanos puedan hacer uso del derecho a la defensa, para lo que es imprescindible el turno de oficio. Tienen mi reconocimiento a su tarea y mi compromiso de escuchar sus reivindicaciones.
¿Valora aportar más recursos para la atención a las víctimas de cualquier violencia?
Valoro atender a las víctimas de cualquier violencia y que nuestras medidas atiendan sus necesidades. Llegaremos hasta donde haya que llegar. El presupuesto no será un problema. En este sentido tenemos en proyecto un programa concreto para reforzar los juzgados que llevan asuntos de violencia de género.
¿El sistema arbitral de consumo es una herramienta que debiera ayudar a descongestionar la Justicia?
Esa es la idea, ganar en rapidez. Al ser una vía extrajudicial de resolución de conflictos surgidos entre los protagonistas del consumo, el consumidor y el empresario o comerciante, permite a las dos partes en conflicto resolver sus controversias sin gastos, rápidamente y sin formalidad alguna. Es decir, no tienen que acudir a los Tribunales de Justicia. Se tramita en un corto espacio de tiempo, de tal modo que el laudo arbitral debe dictarse en el plazo máximo de 4 meses desde la designación del Colegio Arbitral. Además, es gratuito para las partes, que deben costear sólo en determinados supuestos la práctica de peritajes.
¿Cómo es la interlocución con el Ministerio de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado?
Somos conscientes de que tenemos un extenso trabajo por delante y que he asumido las competencias de Justicia hace unas semanas. En un futuro inminente ya tendrán constancia del rumbo que adopta esta Dirección General, esencial para una sociedad democrática como la nuestra. De entrada, ya le digo que nuestra idea es tratar a los ciudadanos como personas y no como números.
"Nuestra idea es tratar a los ciudadanos como personas y no como números"
¿Tiene la sensación de que la Justicia es el último baluarte contra la asimetría en el Estado de Derecho?
La Justicia es el dique de contención ante los excesos que se viven en España. Es fundamental que todo aquel que cometa un delito tenga la responsabilidad pública que sea, pague por ello. Es el mejor mensaje que podemos trasladar de la salud de nuestra democracia. Los diputados no podemos saltarnos los principios básicos del Estado de derecho como está sucediendo. Y en España, con la Ley de Amnistía que le ha regalado Sánchez a los independentistas a cambio de sus votos, parece que al final vamos a tener que confiar en que Europa detenga este ataque masivo desde el Gobierno y sus socios al Estado de Derecho.
¿Se refiere a las garantías?
Claro. El cumplimiento de la ley garantiza la libertad. El poder judicial es la garantía del Estado de derecho y debe controlar los excesos de un poder ejecutivo que no tenga claros los principios de separación de poderes e independencia judicial. El poder judicial no puede estar al servicio de los poderes legislativo y ejecutivo. Su independencia radica en el apuntalamiento de la democracia, del Estado de derecho.