El presidente en funciones de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia Ferrer, el secretario de la corporación y una funcionaria que habría sido supuestamente beneficiaria de la adjudicación de un puesto "sin convocatoria pública previa" comparecerán en calidad de investigados el día 26 de junio en el Juzgado de Instrucción número 4 de Huesca.
La CSIF emitirá esta mañana un comunicado al respecto en el que, tal y como ya dejó leer entre líneas cuando lo anunció el 25 de mayo, anunciará la solicitud a la juez de la incorporación al caso de una diputada y algún funcionario más a la investigación.
La titular del Juzgado, Cristina Salueña, ha convocado a los tres investigados (junto a Gracia, el secretario de entonces, Antonio Serrano Pascual, y la funcionaria Virginia Campo Ciria) a las 9:30 horas en la Sala 7 del Palacio de Justicia para tomarles declaración tras la querella criminal formulada por la CSIF que la Audiencia Provincial de Huesca decidió admitir a trámite.
La CSIF acusó a los responsables de la corporación de "reconvertir una plaza de técnico de Medio Ambiente en técnico de Jefatura del Servicio Provincial de Extinción de Incendios. Nada que objetar porque se encuentra entre sus potestades". Donde llega la discrepancia y la demanda es en el sistema de provisión de la plaza, "sin ningún procedimiento. Se puso a dedo". La CSIF expuso su disconformidad en las mesas de negociación. "No se puede dar un puesto de administración especial cuando es general. El recurso del CSIF se llevó al Consejo Consultivo que en febrero de 2022 nos dio la razón, no se puede otorgar a dedo y sin publicidad".
A partir de ahí se inició el proceso legal por entender que se habría producido "una posible responsabilidad penal que ya se les había advertido en las mesas de negociación",
La Diputación revocó la calificación atendiendo a la recomendación del Consejo Consultivo, y "ha ejercido en el régimen de administración especial durante tres años y ahora está empleada en administración general", explicó la CSIF.