El presidente en funciones de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia Ferrer, ha declarado en el Juzgado de Instrucción número 4 que simplemente se limitó a firmar el decreto de contratación de la funcionaria Virginia Campos tras recibir los informes técnicos y jurídicos, en la comparecencia tras la admisión a trámite por la Audiencia Provincial de una querella penal por presunta prevaricación.
Miguel Gracia ha llegado con antelación a la hora de la declaración, acompañado de varias personas de su confianza, para responder a la denuncia por la CSIF ante la supuesta "adjudicación a dedo" de una funcionaria con régimen de administración especial, que el sindicato estima que incumplen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
El presidente en funciones de la institución, que no ha querido responder a las preguntas del abogado de la acusación, Sergio Mañas, ateniéndose a sus potestades, ha aducido el funcionamiento habitual de la Diputación y de Presidencia, que recibe los resultados de los procedimientos técnicos y jurídicos y firma los decretos. El letrado de la CSIF esgrime que el artículo 34 de la Ley de Bases de Régimen Local contempla entre las atribuciones del presidente el conocimiento de los expedientes. Y, por tanto, no deja la pelota en el alero de los funcionarios o trabajadores.
El exsecretario de la Diputación, Antonio Serrano, se ha auto eximido de responsabilidad por el hecho de que él no había emitido los informes de contratación ya que no se encuentra dentro de sus competencias. Ejerce simplemente un papel de fedatario de la existencia del Decreto de Presidencia y ha concluido que él en ningún momento informó sobre la legalidad de la contratación. Presidencia no le consultó al respecto.
La funcionaria implicada, Virginia Campo Ciria, a su vez, ha afirmado que desconoce la forma de haber preparado su contratación, que lleva trabajando años en ese puesto y que ha ganado la convocatoria de la plaza en régimen general. Cabe recordar que la adjudicación impugnada fue dentro del régimen especial. Entre sus cometidos, se encuentra la adquisición de material del Servicio Provincial de Extinción de Incendios.
La acusación estudia ahora solicitar la ampliación de diligencias para que se tome declaración a otros diputados incursos en el asunto e incluso a técnicos que participaron en la tramitación concluyente en la contratación.