Un total de 43 conductores dieron positivo en las pruebas de alcoholemia realizadas por la Guardia Civil durante la Operación Especial de Semana Santa. Las distintas unidades del Subsector se establecieron en diferentes puntos de la red viaria provincial un total de 200 dispositivos preventivos de detección de alcohol y drogas.
Estos dispositivos, establecidos en horarios aleatorios, tienen como finalidad la detección tanto de conductores bajo la influencia de alcohol y drogas como la de ser un elemento disuasorio para prevenir la ingesta de alcohol y consumo de sustancias estupefacientes por personas que se van a desplazar conduciendo un vehículo a motor, tratando de reducir la siniestralidad vial.
En los 200 dispositivos realizados se hicieron un total de 4074 pruebas de alcoholemia, arrojando resultado positivo 43 conductores, de los cuales 38 fueron denunciados por infracción administrativa y 5 fueron investigados por un delito contra la seguridad vial, instruyéndose en estos últimos casos las correspondientes diligencias que fueron remitidas al juzgado correspondiente, donde comparecer el día de la celebración del juicio rápido.
Respecto a las pruebas de detección de sustancias estupefacientes, se realizaron un total de 74 pruebas de las cuales 36 arrojaron un resultado positivo, a falta de confirmación por laboratorio, en cuyos casos los conductores fueron denunciados por infracción administrativa.
La Guardia Civil recuerda que el consumo de alcohol y drogas influyen negativamente en la conducción, al disminuir la capacidad sensorial, los reflejos y la atención, suponiendo todo ello un peligro para la propia vida y la del resto de usuarios de la vía.
La conducción de vehículos a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes están tipificas como infracción administrativa con la detracción de 4 a 6 puntos y una sanción entre 500 y 1000 euros si no se supera la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado. En el caso de superar esta tasa, la infracción pasa a ser penal por lo que podría llevar una pena de prisión de 3 a 6 meses, una multa económica de 6 a 12 meses y una privación del derecho a conducir (retirada del permiso de conducción) de 1 a 4 años.
En todos los casos en los que la prueba de alcohol o droga realizada al conductor arroja un resultado superior a las tasas establecidas, se procede a la inmovilización del vehículo o se hace cargo del mismo una persona designada por el conductor al que igualmente se le realiza la prueba de detección de alcohol y drogas antes de hacerse cargo del mismo.