Diversas organizaciones ecologistas han presentado alegaciones al Plan de Interés General Aragón (Piga) de expansión de los Centros de Datos de Amazon (AWS) en la comunidad. Los ecologistas alertan de que los impactos medioambientales de este proyecto “son enormes” y de que las promesas de empleo “no son creíbles”. “El consumo eléctrico de estos centros de datos superará el actual de Aragón y el de agua es inaceptable en un contexto de creciente estrés hídrico”, indican en una nota de prensa.
Asociación Naturalista de Aragón, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Ingeniería sin fronteras, Tunubesecamirio, Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, Red Aragonesa por el Agua Pública (Rapa) y SEO/Bird Life, entre otras organizaciones, han presentado numerosas alegaciones a la tramitación ambiental y al Piga que supone cinco ampliaciones a Centros de Datos de AWS (Amazon Web Services) en cuatro municipios aragoneses, en Huesca, Zaragoza, El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego. “Aragón es el territorio donde más están creciendo los Centros de Datos de Hyperscala de toda España, y una de las de mayor crecimiento mundial”, señalan.
“Estas alegaciones son las más numerosas y variadas que se han presentado hasta la fecha contra Centros de Datos en España”, con un “nivel de coordinación entre colectivos que no tiene precedentes en la historia de las resistencias en el país contra los Centros de Datos”. Además, “quieren servir de referencia y combatir la sensación de impunidad que tienen las grandes empresas tecnológicas”, indican las organizaciones.
“La administración -denuncian- se pone al servicio de estas grandes empresas otorgándoles prebendas y facilidades en lugar de vigilar que cumplan la legislación ambiental de manera rigurosa”.
Asimismo, las organizaciones rechazan “el relato de que esta megainfraestructura es benigna para los territorios, más bien todo lo contrario. Los perjuicios ecológicos y sociales de la implantación masiva de los centros de datos ya se pueden observar en otros territorios como Virginia (Estados Unidos), México, Irlanda y Países Bajos", cita.
Las alegaciones presentadas abordan “el impacto hídrico, el enorme consumo de energía, la afectación a sectores económicos como la agricultura, las promesas infundadas respecto a puestos de empleo y la tramitación opaca del proceso”, entre otras.