La Policía Nacional de Huesca ha localizado unas instalaciones ilegales en una finca rural cercana a la ciudad, donde se desarrollaban diversas actividades económicas ilícitas relacionadas con la Hostelería, y ha detenido a un vecino de la capital altoaragonesa de 80 años con antecedentes policiales que se enfrenta a unas sanciones económicas que ascienden a 200.000 euros.
El operativo, realizado el pasado 13 de diciembre, fue ejecutado en colaboración con funcionarios de la Inspección de Trabajo y la Unidad de Policía Adscrita al Gobierno de Aragón en Huesca y culminó una exhaustiva investigación vinculada a presuntas violaciones al derecho de los trabajadores.
Fuentes oficiales han explicado que durante la inspección conjunta, las autoridades confirmaron que el propietario de la finca había transformado el lugar en un establecimiento "hostelero", con habitaciones numeradas al estilo de un hotel y pequeños apartamentos.
En estas instalaciones, albergaba a un considerable número de personas, principalmente ciudadanos extranjeros, muchos de los cuales se encontraban en situación irregular. El establecimiento carecía de los permisos municipales y autonómicos necesarios, así como de las licencias requeridas. Además, no mantenía un registro adecuado de los clientes ni proporcionaba a la policía la información obligatoria sobre su identidad.
La inspección reveló que el responsable de la finca empleaba, desde hacía aproximadamente tres años, a una ciudadana extranjera en situación irregular en España, que se encargaba de las tareas domésticas en el establecimiento, era sometida a condiciones laborales abusivas, infringiendo la legislación laboral y aprovechándose de su vulnerabilidad.
Como consecuencia de estos hallazgos, agentes de la Policía Nacional detuvieron al titular de la finca, un hombre de 80 años y vecino de Huesca, por presunto delito contra el derecho de los trabajadores, contando con antecedentes policiales previos por hechos similares.
La investigación también reveló que la finca realizaba actividades ilegales de alquiler de un edificio con un salón de grandes dimensiones para la celebración de eventos, sin contar con la autorización correspondiente. Además, se llevaba a cabo ilegalmente la actividad de alquiler de una nave industrial para la reparación de vehículos de motor, incumpliendo normativas medioambientales y de reciclaje de residuos.
Como consecuencia de las múltiples infracciones, el titular de la finca fue propuesto por los agentes intervinientes para enfrentar sanciones administrativas que abarcan diversas áreas, incluyendo extranjería, relaciones laborales, turismo, medio ambiente, seguridad social, legislación urbanística municipal y control de huéspedes.
El total de las sanciones propuestas asciende a aproximadamente 200.000 euros. La operación resalta la importancia de combatir la explotación laboral y las actividades ilegales que afectan a diversos sectores en la región.