Coincidiendo con la celebración de la 26 Jornada de Riegos del Alto Aragón, la comunidad de Regantes A-19-20 y los afectados de Salillas y Huerto se concentrarán el próximo jueves a las puertas del Palacio de Congresos y tienen previsto trasladar ministro de Agricultura, Luis Planas, las "graves irregularidades" que vienen denunciando en el expediente "mal llamado", dicen, de modernización de los sectores X y XI del canal del Flumen.
Quieren que el ministro conozca la visión de este colectivo, que considera que "la necesidad de este proyecto no es otro que la concurrencia a los fondos públicos de la UE “Next Generation” y que sin los mismos ni se hubiera planteado".
Como denuncian en su manifiesto, "las prisas en la tramitación y la licitación sólo se explican con el ánimo de ocultar una evaluación ambiental del impacto que supondría la obra". Afirman que "no hay excusa posible para que se tramite sin un estudio de su claro impacto ambiental: dos embalses artificiales de más de 1.200.000 m3 y dos grandes tuberías de más de 12 kilómetros de nuevo trazado. Se trata, sin duda, de infraestructuras nuevas, que por ser de nueva planta y afectar a nuevas superficies necesariamente deberían ser objeto de un estudio de su impacto ambiental, una participación ciudadana y una declaración de si ese impacto es asumible o no. El hecho de obviar este trámite debería hacer saltar todas las alarmas y más cuando la legislación no lo permite", afirman.
Agregan que los promotores son los sectores X y XI del canal del Flumen, que "incumplen los Estatutos de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón", puesto que pretenden "un trasvase de cuencas entre el Flumen y el Cinca y su actuación se extendería fuera de su delimitación perjudicando claramente a otras comunidades de base además de hábitats de interés comunitario (HIC) cuyo riesgo de inundación ni siquiera se ha estudiado", aseguran.
Como alternativas proponen instalar un parque fotovoltaico "que evitaría tanta obra e infraestructura y además generaría ingresos". Agregan que podrían moverse esas balsas de la zona de policía del río Guatizalema a otro terreno donde se produjeran menores afecciones, "incluso aprovechar embalses existentes como el del Torrollón para evitar la construcción de otros nuevos".
"En su lugar -denuncian- se opta por un mayor impacto paisajístico, socioeconómico para los vecinos, ocupaciones de suelo productivo de regadío, afectaciones a la industria existente y la sensación de que son más importantes unas comunidades de regantes que otras".
También consideran que el proyecto supondrá "un mayor consumo de agua y un mayor impacto ambiental, aspectos totalmente contrarios a los promovidos por los fondos Next Generation y que le ha valido a los promotores un expediente europeo por presunto fraude ambiental, ya en tramitación", finalizan.