“Lo que está ocurriendo hoy en Salillas nunca se tenía que haber producido”. Así lo ha transmitido el alcalde, José Ramón Santolaria, ante la llegada a la población de seis técnicos de Tragsa y dos representantes del Ministerio de Agricultura para llevar a cabo los trámites de expropiación de terrenos a unos 30 propietarios en esta localidad. Este jueves se trasladarán a Huerto para culminar el proceso.
Vecinos de Salillas y regantes del sector XIX y XX llevan muchos meses de oposición, con protestas en la calle, a través de alegaciones y ante la justicia, a las obras proyectadas de mejora en el aprovechamiento de agua y ahorro de energía para las comunidades de regantes del sector X y XI del canal del Flumen.
Como no se han cansado de trasladar, este proyecto supone “un atropello” para la forma de vida en la localidad, en cuyo término municipal se prevé construir dos grandes balsas, una a 150 metros del casco urbano y la segunda a 400 metros de Salillas y a 30 de una explotación porcina, que “inutilizan 45 hectáreas de terrenos de cultivo de regadío”. A ello se suman 12 kilómetros de “una doble tubería de 1.600 mm a través de regadíos modernizados”.
Este miércoles han continuado las concentraciones ante la llegada de los técnicos, con pitos y pancartas con las que han trasladado: "Salinas no quiere embalses que dejen vacío su pueblo", "queremos transparencia en la gestión de los fondos europeos Next Generation" y "no queremos que se destroce nuestro futuro", ésta última de los regadíos de Huerto y Salillas. Las protestas se alargarán mientras se esté llevando a cabo este trámite en la localidad, previsiblemente hasta las 18 horas.
Como este miércoles no está abierta la Casa Consistorial, los representantes de Tragsa y el Ministerio han instalado su oficina en un local municipal anexo al consultorio médico, por donde han pasado los propietarios para firmar las actas, con conformidad o no, que deben ser suscritas también por el alcalde, que se ha mostrado apesadumbrado.
“En mi vida habría pensado llegar a este punto, es un trago complicado. No esperaba verme entre la espada y la pared”, ha trasladado al verse obligado a firmar las actas de expropiación, tanto de los propietarios como del Ayuntamiento, también afectado.
Santolaria lamenta que no se hayan contestado a las alegaciones y que no hayan dado resultados las conversaciones que ha mantenido con responsables de riegos del Ministerio para exponer las afecciones del proyecto. Además, critica que en febrero se acordara por el Gobierno central que este proyecto no debe pasar la evaluación de impacto ambiental y que en la segunda licitación -la primera fue recurrida- “sólo el presidente de Seiasa va a tener la potestad de decidir quién se queda la obra”. Considera que “un día un juez parará esta obra, pero habrán pasado unos meses y ya se habrán hecho las ocupaciones de las parcelas y habrán deshecho el pueblo”.
Santolaria traslada que muchas personas mayores se tendrán que ir de Salillas, “porque se va a convertir en inhabitable”, y que muchos van a perder sus puestos de trabajo, como los empleados de una explotación ganadera de mil madres, cuyo propietario realizó una inversión de 2 millones hace tres o cuatro años, “y que va a quedar inviable”, asegura.
El alcalde considera que el proyecto es “una barbaridad” que tampoco va a conseguir su propósito de ahorrar energía, “todo por la cabezonería de un grupo y el beneplácito del ministerio que dice que la inversión de este montante de 65 millones se tiene que hacer sí o sí, aunque con ello se lleven por delante Salillas”, ha criticado.