Los integrantes de la comisión de las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF que han visitado esta semana el Parlamento Europeo para frenar la unión de estaciones han realizado una valoración “muy positiva” de las reuniones que han mantenido y confían en que “servirá para que los fondos adjudicados tanto a la destrucción de Canal Roya como a la carretera de Castanesa asociada a la estación de esquí de Cerler sean derivados a otros proyectos de turismo sostenible”, según expone la Plataforma en Defensa de las Montañas.
La delegación ha mantenido en los últimos días en Bruselas entrevistas con europarlamentarias y europarlamentarios pertenecientes al Grupo Socialista, Grupo Renovar Europa, Grupo de la Izquierda y Grupo Verdes, y con funcionarios de la Comisión Europea. El objetivo ha sido “trasladarles la preocupación” por el proyecto de construcción de una interconexión entre las estaciones de esquí de Astún y Formigal por el valle glaciar de Canal Roya. En este sentido, ha hecho entrega a los eurodiputados de informes que “confirman que dicho valle goza de la más alta calificación para ser declarado espacio protegido”.
“La asignación de 26 millones de euros de Fondos Next Generation a este proyecto ha despertado recelo en las eurodiputadas y eurodiputados entrevistados, ante la sospecha de que las obras incumplan los criterios de la Comisión Europea” para su asignación”, apuntan desde la Plataforma en Defensa de las Montañas. Agregan que los diputados han manifestado que esos fondos europeos “deben proteger la biodiversidad y el paisaje, lo que descartaría su adjudicación a este proyecto por ser contrario a los protocolos de desarrollo del turismo sostenible para lo que están destinados”.
Las organizaciones ecologistas también han "constatado la preocupación” que genera en el entorno parlamentario el incremento de las temperaturas en el Pirineo central y la correspondiente disminución de la nieve en las estaciones. “Entienden -señalan- que el objetivo de estos fondos europeos es promover proyectos de turismo sostenible, por lo que podrían dedicarse a la readaptación de las estaciones de esquí al escenario de cambio climático, adaptación que es inevitable, muy urgente e imprescindible para el mantenimiento del empleo en la zona”.
Por ello, consideran “prioritario desestacionalizar el turismo de nieve y caminar hacia un turismo sostenible” en el corto y largo plazo, que “se adapte y proteja la naturaleza de excepcional valor que supone el Pirineo, y que garantice una vida digna a las personas que viven en él”.
Las organizaciones han mantenido también entrevistas con funcionarios de la Unión Europea vinculados a la protección del medio ambiente y al control del uso de los Fondos Next Generation. Más concretamente con la Dirección General de Medio Ambiente y la Comisión de Seguimiento de los Fondos Europeos de Recuperación.
En estas entrevistas han comunicado a la Comisión Europea varios aspectos que “inhabilitan” -consideran- este proyecto de unión de estaciones para recibir fondos europeos. En concreto, se han referido a “los impactos medioambientales de las obras que no cumplen con el principio DNSH (no causar daño), no protegen la biodiversidad y no combaten el cambio climático (debido al incremento de desplazamientos en coche); al aumento de consumo de energía y emisiones, que incrementa el cambio climático, muy grave ya en la montaña; y al impacto del uso inmoderado de los cañones de nieve artificial en el caudal de los lagos de montaña”.
A ellos añaden “la falta de transparencia, pues todavía se desconoce el detalle del proyecto y no ha habido la preceptiva consulta; la falta de evaluación de impacto ambiental; el conflicto de intereses; y el incumplimiento del objetivo de vertebración del territorio, al adjudicar el 82 % de los fondos a dos proyectos mientras dejan sin financiación a numerosos proyectos de turismo sostenible en las demás comarcas”.
Según exponen desde los participantes en esta visita, las comisarías se han mostrado muy interesadas por el proyecto y han requerido más información para proseguir con las investigaciones. Asimismo, se han comprometido a ponerse en contacto con las autoridades españolas.
Además, las organizaciones han presentado una petición al Parlamento Europeo para que se interese por el proyecto y exhorte a la Comisión Europea a requerir información sobre el mismo al Gobierno de España.