Nuevo acerado, arbolado y zonas verdes van a cambiar la imagen del paseo Lucas Mallada de Huesca en el tramo comprendido entre la calle Magantina y la calle Comercio, 200 metros en los que se encuentra la vivienda que habita una familia que ya alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento el pasado mes de junio dentro del proceso de expropiación, por una cantidad de 8.200 euros. Ahora ha llegado el momento de dejar la casa y algunos de sus ocupantes aseguran que no tienen un espacio alternativo para vivir.
Rosa Fernández reside en esta casa del paseo Lucas Mallada con su marido, José Luis, su suegro, Ricardo, y sus tres hijas, además de otro matrimonio con cuatro hijos, que dejarán en breve esta vivienda. “Gracias a Dios, mi cuñada ha encontrado una casa -cuenta Rosa- y se van el día 7 de septiembre, pero nosotros seguimos residiendo aquí porque no tenemos alternativa”, asegura.
“Es una situación muy complicada, no me gusta pasar por esto”, comenta en referencia a permanecer en la vivienda ya expropiada, “ni que vengan y nos desalojen -agrega-, pero no me queda otro remedio; a la calle no podemos ir con tres criaturas, y no será porque no he mirado”, dice.
Rosa Fernández traslada que su situación es “delicada”, con tres hijas, una de ellas con discapacidad intelectual. Actualmente, “no tenemos nada. Es verdad que nos expropian, es verdad que ya se dijo que nos íbamos” -y pactaron un acuerdo con el Ayuntamiento-, pero “lo único que hemos pedido siempre es una vivienda de alquiler social que nosotros podamos afrontar con nuestro presupuesto”.
Precisa que, tras 20 años en la actual casa, ha estado buscando en distintas inmobiliarias, tanto de compra como de alquiler. “No he encontrado nada, quizás por ser de etnia gitana ya te miran por encima del hombro y ni se molestan”, remarca. Añade que “la mayoría cuestan 600 o 700 euros, más aparte los gastos, que con solo una nómina fija” no puede afrontar, ya que su marido “se dedica a las chatarras y los residuos y se gana la vida, pero no es lo mismo”, dice.
Según remarca Rosa, “lo único que queremos es una vivienda de alquiler social o que nos den un largo plazo para podernos marchar”. “Ya que yo no la encuentro -continúa-, por lo menos la facilidad de decirme: te hemos conseguido esto y tienes que pagar tanto… Sé que el Ayuntamiento tiene viviendas de protección oficial, que lo tomen en consideración y que lo miren”, pide.
“Si no consigo nada, igual me tengo que marchar, dejar el trabajo y escolarizar a mis hijas en otro sitio -asegura-, porque necesito una estabilidad, un lugar donde formar mi familia, donde poder trabajar. Mis hijas no se merecen esto”, apostilla Rosa.
Opina que se puede demorar unos días hacer efectiva la expropiación. “La abogada nos ha dicho que sí, pero no lo sé. No quiero que llegue el momento en que igual estoy trabajando y me llaman por teléfono y me dicen: Rosa mira que está la (Policía) Local y que os tenéis que marchar. Sé que no es buena reputación, sería perjudicial para mi trabajo y que lo tengan que pasar mis niñas psicológicamente tampoco es bueno, especialmente mi hija mayor, que tiene una discapacidad; ella eso no lo entiende, no lo sabe asimilar. Tendían que tener más corazón”, considera.