Uaga denuncia que los tractores y cosechadoras que necesitan desplazarse de las comarcas de Jacetania y Alto Gallego hacia la Hoya de Huesca deben hacerlo por la carretera A-132 poniendo en peligro al resto de usuarios de esa vía, y vuelve a reclamar que se permita la circulación de maquinaria agrícola por Monrepós.
La organización agraria manifiesta que el accidente registrado en la carretera A-132, a su paso por Bailo, entre una cosechadora y un turismo, se podría haber evitado si la Dirección General de Tráfico autorizase la circulación de maquinaria agrícola por la autovía A-23 en el tramo de Monrepós y el Ministerio de Fomento cambiase la calificación de esta vía.
Como consecuencia de las obras de construcción de la autovía A-23 entre Huesca y Jaca, los agricultores de las comarcas de Jacetania y de Alto Gállego que quieren desplazarse hacia la Hoya de Huesca, o viceversa, se ven obligados a circular por la carretera A-132 y salvar el puerto de Santa Bárbara, única vía para poder salir de la zona de Jaca y del Valle de Tena. "Dejando a un lado que se trata de un recorrido más largo, es un trazado sinuoso y poco seguro, más aún cuando se conducen tractores con aperos y cosechadoras, vehículos de ancho especial", recalca Uaga.
Uaga-Coag reclama desde hace años que "atendiendo a los criterios de seguridad se permita que la maquinaria agrícola pueda desplazarse por la A-23 en ese tramo. Una medida que se incluía en la tabla reivindicativa entregada al subdelegado de Huesca el 8 de febrero con motivo de la tractorada convocada en esa Huesca".
Excepcionalmente, en época de cosecha, la Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca autoriza en unas horas muy concretas el desplazamiento de las cosechadoras por la A-23. "Pero esta excepcionalidad -señala la organización agraria- es totalmente insuficiente". Por eso, Uaga-Coag exige al Ministerio de Fomento "la modificación de la calificación de la vía para que la DGT permita la circulación de todo tipo de maquinaria agrícola sin ningún tipo de restricción, de fechas y horarios".
La organización agraria señala que cuando se redactó el proyecto de la A-23 se tenía que haber realizado un informe de impacto social agrario, como se hace ahora con los proyectos de las placas solares, "para detectar el gran problema generado a los profesionales agrarios de esas comarcas".