Organizado por la COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones), el salón de actos de la UNED de Sabiñánigo acogió, esta semana, una charla de Antonio Matinero, presidente de ASJUBI40. Fue presentado por la miembro de COESPE Lucía Marco López-Echazarreta, quien, tras el capítulo de agradecimientos a la UNED, al orador y a los asistentes, hizo una breve introducción a la figura del conferenciante y su trayectoria en el ámbito reivindicativo.
Antonio Matinero comenzó con una semblanza de la asociación ASJUBI40, entidad creada en el año 2016. Su eje troncal era muy sencillo: solicitaban que no se aplicaran coeficientes reductores para las pensiones anticipadas a aquellas personas que hubieran cotizado 40 años o más. Argumentaban esta petición basándose en el agravio comparativo que suponía que una persona con menor tiempo cotizado pudiera jubilarse con la edad legal y percibir el 100% de la pensión.
Relató la primera recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), en la que se alcanzaron 500.000 firmas, pero ningún grupo parlamentario les dio cauce. Explicó las continuas reuniones con partidos políticos (todos, excepto VOX, debido a su postura de eliminar las pensiones públicas y sustituirlas por privadas). Señaló que, aunque siempre encontraron empatía y buena voluntad en sus interlocutores, estas reuniones no tuvieron efectos prácticos. Finalmente, describió el tortuoso camino que recorrieron en los juzgados de España y Europa, siempre con esperanzas rotas. Lamentó profundamente el bloqueo de Polonia y Hungría a la directiva 2008/0140/APP, sobre la igualdad de trato a la ciudadanía europea.
Continuó con una trilogía de reivindicaciones que definía su lucha central: eliminación de coeficientes reductores para pensiones adelantadas de cotizantes con 40 años o más, no distinción entre jubilaciones voluntarias y forzosas, y el carácter retroactivo de la posible futura ley que corrigiera esta injusticia. Afirmó que cerca de 860.000 personas esperaban esta medida (35.000 en Aragón) y que el coste económico para solucionar el problema se cifraba en 2.900 millones de euros, una cantidad irrisoria dentro del presupuesto general. A cambio, los beneficios sociales serían enormes.
Por otra parte, Antonio finalizó su intervención expresando su deseo de un mayor acompañamiento "joven" en la lucha. Recordó que las reivindicaciones derivadas del trato a las personas mayores, una vez conseguidas, también serían un beneficio para las generaciones futuras, que inevitablemente enfrentarán esta realidad.