Demostraba la realidad política en aquellos primeros días de 1924 que muchas de las corruptelas que el Directorio se proponía y quería expulsar de los Ayuntamientos tenían franca cabida todavía en bastantes de las Diputaciones provinciales. Por tal circunstancia se aconsejaba aplicar a éstas el mismo criterio que se había seguido con las Corporaciones Municipales. Claro estaba que no todas ellas adolecían de iguales defectos y mucho menos en el mismo grado. Por el contrario, existían algunas cuyo funcionamiento parecía impecable.
Pero la medida debía de ser general, si se deseaba su ejemplaridad, y a propuesta del Directorio Militar y de acuerdo con el mismo, se vino a decretar: Artículo Primero, Se declaraban Disueltas las actuales Diputaciones de toda España, excepto las de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Artículo Segundo. El Gobernador Civil designará tantos diputados provinciales interinos, como en propiedad deba de tener cada Diputación, eligiéndolos libremente entre los habitantes de la provincia de más de veinticinco años y que posean títulos profesionales, sean contribuyentes, desempeñen cargos directivos en las Corporaciones representativas de instrucción, culturales, industriales y profesionales.
Se dejaba a cargo del señor Gobernador el que todas las personas elegidas fueran de solvencia y prestigio social, residieran habitualmente en cada partido judicial y no le fueran aplicables las causas de incompatibilidad o incapacidad de la ley de agosto de 1882. Se disponía que deberían procurar conceder una fracción del total de puestos a las representaciones corporativas, mirando que entre ellas no faltaran las de las clases sanitarias, cultural, industrial, agrícola y obrera.
Dispuesto que el dia 20 de enero se constituyeran las nuevas diputaciones provinciales bajo la presidencia del gobernador respectivo, y en esta sesión serían elegidas las comisiones provinciales y permanentes. Así mismo, dentro de los diez días siguientes a la constitución de las nuevas diputaciones provinciales deberían elevar al Ministerio de la Gobernación y bajo su más estricta responsabilidad, una memoria sucinta en la que se detallara los defectos y anomalías que al hacerse cargo del Gobierno de la Provincia hubieran observado.
Junto a Titulares como “Se acabó la inmunidad” y “Nuevos Diputados Provinciales“, la prensa altoaragonesa informaba que a las siete y media de la noche del día 15 de enero, por el señor Gobernador ya habían sido facilitados los nuevos diputados, conforme al reciente Decreto :
Distrito de Barbastro-Boltaña
D.Jose Sáenz de Miera Colubi, D. Saúl Gazo Borruel, D. Domingo Ferrer Oliván, D. Martín Blecua Subías.
Distrito de Benabarre-Tamarite
D. Gonzalo Lasierra Pellás, D. Joaquín Carpi Zaidín, D. Leopoldo Urzola Viñé, D. Rafael Molera Cebrián.
Distrito de Fraga-Sariñena
D. Antonio Miranda Cortillas, D. Timoteo Ulled Ruiz, D. Leoncio Cosculluela Muzás, D.Mariano Arizón Estropá.
Distrito de Huesca
D. Manuel Almudévar Casaus, D. Jose Mª Laguna Guillén, D. Francisco Oliván Betrán, D. Benigno Baratech Montes.
Distrito de Jaca
D. Miguel Gascón Andreu, D. Francico Estaún Abadías, D. Francisco García Aybar , D. Miguel López Juan.
El Directorio Militar había dado el primer paso para la suspensión o modificación radical de los organismos o diputaciones provinciales, y a tal efecto se había destituido a todos los representantes de las mismas. Con ello, se daba gusto a los viejos políticos que aspiraron tantas veces y tan inútilmente al cargo de diputado provincial, llamados unas veces “conservadores”, otras veces “liberales”, “catalanistas” otras, “republicanos” otras, y en estas fechas “agrarios”.
Precisamente, desde el órgano informativo de los agrarios se dijo que “desaparecía la Diputación por la mano implacable del Directorio, quedando disuelta “por inútil, por perniciosa, por infecunda” , siendo contestado por El Diario de Huesca, que señalaba no había ni un solo acuerdo adoptado por la diputación altoaragonesa que pusiera en entredicho la honorabilidad de los diputados, ni la escrupulosa honradez con que habían administrado los intereses de la provincia
La Diputación Provincial de Huesca había nacido en 1820 y tuvo una vida efímera hasta 1823, en unos años difíciles. Pero de forma definitiva llegaría en el mes de enero de 1836 y su primera sesión de constitución fue el día 12 de ese mes en las casas del jefe Político. Posteriormente ocuparía el antiguo convento colegio de San Francisco, de la orden mendicante de los franciscanos, obra del siglo XIII desamortizada en 1836. En ella, el viernes 18 de enero de 1924 a las diez de la mañana, se firmaron las Actas de Arqueo de fondos de la Caja de la Diputación por parte de los señores Gobernadores saliente y entrante, presentadas por el Contador don José María Gota y el Depositario D. Tomás Pueyo y el expresidente don Manuel Batalla, resultando que cubiertas las atenciones ordinarias de abastecedores, personal y material hasta el 31 de diciembre último, resultó una existencia disponible en ese momento del arqueo de 144.739,64 pesetas . Con la expresión cariñosa de agradecimiento del presidente saliente don Manuel Batalla Bescós hacia todos los funcionarios de la casa, finalizaba el acto.