La Plataforma Sijena Sí ha recogido cientos de firmas en la Feria Agrícola y Ganadera de Monegros (Femoga) de Sariñena con una mesa informativa desde la que concienciar a la ciudadanía del peligro que supondría para el futuro de Sijena la instalación del proyecto Octante con el que la empresa Forestalia pretende instalar cinco gigantescos aerogeneradores de 200 metros frente al monasterio. La ubicación "dañaría gravemente la belleza paisajística de este monumento nacional protegido por diversas normas".
Sijena Sí alertó sobre este grave problema a la directora general de Patrimonio Cultural al comienzo de este año y considera insuficiente la postura del Gobierno de Aragón que manifestó que los cinco aerogeneradores estarían "fuera" del entorno de protección del cenobio, declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional. Para Sijena Sí, la afirmación de que "No hay una afección directa sobre el bien” por encontrarse los citados molinos a más de 300 metros aplica un criterio inadecuado para esta inesperada situación, dado que la ley no podía prever cuando se aprobó una amenaza como la que estamos viendo, donde el impacto visual y acústico puede afectar seriamente al valor histórico, espiritual, artístico y turístico del monumento, donde se están invirtiendo dos millones de euros.
La pasada semana, cuando el presidente Azcón visitó Sijena, la Plataforma recibió con alegría la noticia de que la zona expositiva se abrirá por fin el primer trimestre de 2025, pero lamenta que el presidente de Aragón obviara en su mensaje la amenaza de los molinos y también la ausencia de una comunidad monástica en Sijena, carencia de la que podría haber hablado directamente con el Papa Francisco en su visita a Roma durante este verano. Sijena Sí ya envió una petición al Vaticano en este sentido hace dos años.
La campaña de firmas continúa en la página www.sijenasi.com. La Plataforma lleva recogidas ya cerca de 2000 firmas en la web y en papel y presentará en breve sus reivindicaciones junto con estas firmas a la empresa Forestalia, al Gobierno y las Cortes de Aragón y al Delegado del Gobierno central, reservándose la posibilidad de organizar nuevas acciones si la voz de la ciudadanía no es escuchada.