La empresa Pryobras y su administrador Jesús Sanagustín Fernández, investigados dentro de la operación Oikos por las obras del estadio de El Alcoraz, han presentado al Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca un recurso de apelación en el que urge la ejecución del peritaje de tres facturas por las que se está dilatando el proceso, a la par que el órgano judicial no está dispensando "el cumplimiento de su derecho a obtener la tutela efectiva".
El abogado Ricardo Orús señala que "se está obligando a mis clientes a soportar los inconvenientes de su posición de investigados en un Procedimiento criminal del que su expulsión o no junto con el sobreseimiento depende del resultado de la prueba pericial acordada por SSª en relación con las obras del campo de futbol".
La situación que afecta a todos los investigados por la prolongación del proceso, y particularmente a los dos aludidos, está provocando un manifiesto malestar en las defensas de los investigados. En este caso, Orús señala que, "se mire como se mire, resulta de todo punto inconcebible que no se obligue de una vez por todas al Perito Judicial a rendir el indicado informe sin más dilación".
Agrega el abogado oscense que "no es de recibo el último argumento judicial en el sentido de que la pericial resulta complicada, porque ese inconveniente se superará con una mayor dedicación del perito para cumplir el encargo judicial. Si colocamos en la balanza el derecho de mis clientes y lo comparamos con la obligación del perito, está fuera de toda duda que el perito tiene que cumplir su encargo aún a costa de una mayor dedicación para ese trabajo, porque por encima de todo derecho se encuentra el de la tutela judicial, el de la interdicción de las dilaciones indebidas, el derecho de mis clientes a un juicio justo y sin retraso, y a su derecho a la presunción de inocencia".
Es contundente el recurso al agregar que, "si el Perito Judicial aceptó el cargo lo hizo a sabiendas de la dificultad del mismo, por lo que ahora no puede ampararse en lo que ya conocía para dilatar ni una semana más el cumplimiento de su obligación como perito". Añade que se incumple el artículo de la Constitución y perjudicando a sus clientes. "Nótese que el Juzgado lleva invertidos casi 6 meses (medio año) en intentar sin éxito obtener una prueba pericial que resulta decisiva".
A partir de estas consideraciones, Ricardo Orús formula su solicitud: "Tenga por denunciada la infracción constitucional y para evitar mantener su infracción se requiere al perito judicial para que el término máximo de una semana presente su dictamen",