La Confederación Empresarial de la Provincia de Huesca, Ceoe-Cepyme Huesca, ha elegido cuatro Vicepresidencias por aclamación de la Asamblea General y que recaen en José Luis Romeo (Asaja), Carmelo Bosque (Hostelería), Ricardo Arilla (Metal) y Raúl Benito (Comercio y Servicios).
Los miembros de la Asamblea General agradecieron a la vicepresidenta saliente representante de Comercio y Servicios, Eli Terán, los servicios prestados en su condición de Vicepresidenta de la Confederación y en reconocimiento se le entregó una placa conmemorativa.
Los vicepresidentes designaron vicepresidenta primera a Avelina Bellostas, y vicepresidente segundo a Ricardo Arilla.
Se acordó la creación de una segunda vicepresidencia Territorial que recayó en Oscar Sorolla en representación de la Asociación Empresarial Intersectorial del Bajo Cinca (AEI) que se añade a la de José Antonio Pérez Asensi, en representación de la Asociación de Empresarios Somontano Barbastro (AESB).
En el transcurso de la reunión ordinaria se aprobó por unanimidad la memoria de actividades así como balance y cuenta de resultados correspondientes al año 2023, en el que se ha recalcado la solvencia institucional y económica de la Confederación, que en estos momentos reúne a más de 70 organizaciones con más de 7.000 empresas afiliadas. Así mismo, se aprobaron por unanimidad los presupuestos e inversiones para el presente año.
Se aprobó una modificación de los Estatutos de la organización con el fin de dar cabida, como socios de pleno derecho, a entidades cuyo ámbito territorial de actuación pertenezca a la provincia de Huesca y sus miembros sean empresarios o tengan relación con el mundo empresarial, como pudieran ser Colegios Profesionales, Fundaciones, Plataformas, etcétera.
El presidente, José Fernando Luna Maza, hizo un breve repaso de la situación económica del país y de algunas de las reivindicaciones principales del tejido empresarial como la adecuación de la oferta educativa y formativa a las necesidades empresariales, la necesidad de mano de obra con y sin cualificación, la necesidad de armonizar las competencias de las diferentes administraciones, la simplificación y reducción de trabas administrativas y agilización de expedientes con trámite de declaración responsable y silencio positivo, la reducción de morosidad, y la unidad política y acción conjunta ante las instituciones estatales y europeas, especialmente en materia de infraestructuras (hidráulicas, ferroviarias, viarias, interconexiones comarcales y rurales).