El Consejo de Gobierno Extraordinario ha aprobado esta mañana el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Energía de Aragón “para aportar certidumbre, seguridad jurídica y confianza al sector de la energía ante el vacío legal generado por la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el decreto aprobado a principios de 2023”. Así lo ha expresado la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, tras la aprobación de esta norma que llegará a las Cortes de Aragón para, en lectura única, someterse a votación en diciembre.
Vaquero ha destacado la importancia de este documento “para tener una planificación energética adecuada”. La vicepresidenta ha indicado que el proyecto de ley respeta el espirítú de la norma derogada por el Tribunal Constitucional “porque siempre hemos estado de acuerdo en el fondo, pero no en las formas que nos planteaban dudas sobre su legalidad”.
El proyecto de ley implica el cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, para elaborar una nueva ley que palíe el vacío normativo generado por la sentencia del Tribunal Constitucional.
El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno incorpora nuevamente buena parte de las disposiciones del Decreto Ley de 2023 anulado por el Tribunal Constitucional, aunque ajustándolo en gran medida a las objeciones de constitucionalidad planteadas por el Estado en su recurso.
Se incluye entre los fines fundamentales del proyecto de ley los de favorecer el autoconsumo; incrementar el nivel de autoabastecimiento y diversificación energéticos regionales; promover la expansión de las energías renovables y la participación del sector económico empresarial, mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo y facilitar la constitución de comunidades energéticas.
En los nueve capítulos de la ley se plantean medidas para fomentar el autoconsumo y la regulación de las comunidades energéticas, así como la creación de un Fondo Aragonés de Solidaridad Energética cuyo objetivo fundamental es canalizar la reinversión en los territorios afectados por instalaciones de generación de una parte sustancial de los ingresos obtenidos por los tributos ambientales autonómicos que gravan tales afecciones.
El proyecto de ley incluye la regulación de los proyectos e inversiones prioritarios con generación renovable asociada, configurados como una modalidad especial de planes y proyectos de interés general de Aragón. A estas iniciativas podrán recurrir iniciativas públicas y privadas para acelerar inversiones productivas que vayan asociadas a instalaciones de generación de electricidad a partir de fuentes renovables.
Por último, incluye la regulación del informe autonómico preceptivo y no vinculante en los concursos de acceso y de transición justa que se convoquen en relación con nudos ubicados en el territorio de aragonés.
PLANIFICACIÓN
De otra parte, el texto trata de acoger algunas de las recomendaciones formuladas por unanimidad de los grupos parlamentarios de las Cortes en la Comisión de Investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón el 28 de junio de 2024.
En este sentido, se incorporan medidas que tratan de actualizar la normativa energética para adaptarse a las nuevas necesidades, incorporando medidas de agilización de los procedimientos administrativos sobre la materia, así como, principalmente, se configura la planificación como uno de los ejes principales de la política energética del territorio.
Así, la Ley encomienda al Gobierno de Aragón el impulso de un procedimiento participativo dirigido a la aprobación de un Plan Energético de Aragón que sustituya al de 2013-2020. Comprenderá, entre otras cuestiones, una ordenación territorial de las energías renovables en Aragón que pondere los impactos ambientales, paisajísticos, agrícolas, culturales, urbanos y territoriales que puedan verse implicados, bien restringiendo su implantación en determinadas zonas, como pueda ser el caso de los embalses, bien reservándolas para su aceleración. De este modo, se pretende lograr en la Comunidad Autónoma de Aragón una política energética competitiva, ordenada y sostenible.
Otra de las recomendaciones de las Cortes acogidas en el proyecto de ley es la creación del Foro Permanente de la Energía, como un órgano administrativo integrado por los agentes públicos y privados que participan en el ámbito energético, con funciones de carácter consultivo de la Administración autonómica, coincidiendo con uno de los compromisos de investidura del Presidente del Gobierno de Aragón.
En la parte final del texto legal cabe resaltar la incorporación de una disposición transitoria que ampara a todos aquellos procedimientos en tramitación que se iniciaron bajo la vigencia del Decreto ley 1/2023, con el propósito de permitir su continuación o reanudación en aras de dar continuidad a la aplicación de la normativa anulada.
La ley, en su disposición final quinta, autoriza al Gobierno de Aragón para que, en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, apruebe un texto refundido de las disposiciones legales aragonesas vigentes en materia de energía, que incluya su regularización, aclaración y armonización.