La Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca y Asaja Huesca alertan de las graves consecuencias que para las empresas de sus respectivos sectores tendrá la aprobación por el Consejo de Ministros de la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas, que además estiman que es una intromisión en el diálogo social del que han desaparecido las organizaciones empresariales.
La Hostelería ha centralizado su queja en el comunicado de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y Hostelería de España, que abundan en que la medida supone una complicación en aspectos organizativos de las empresas sin que se ofrezca ninguna solución. Implica, además, un golpe con "una nueva subida de los costes laborales que se suma a la del SMI y a las cotizaciones sociales. Esta medida penaliza especialmente a las microempresas, que constituyen el 94% de las empresas de hostelería al contar con menos de 10 trabajadores".
Recuerdan las patronales que el salario representa una media del 31 % de la facturación anual de las empresas del sector y el año pasado hasta el tercer trimestre registró un incremento del 14,5 %, lo que elevó el coste laboral por trabajador hasta los 22.848 euros.
En una industria con más de 1,8 millones de trabajadores un impacto salarial directo de 2.538 millones de euros en el conjunto de las más de 300.000 empresas que conforman el sector. En la hostelería, donde la productividad está vinculada a la presencialidad, la reducción del tiempo de servicio y producción en los locales supone una reducción de un 3% de la facturación, cifrada en 5.099 millones de euros anuales.
Expresa gráficamente la dificultad de las empresas con servicio al cliente de 24 horas con la imposibilidad de cubrir franjas horarias con la nueva organización.
Incide además en la vulneración del funcionamiento del diálogo social y de los convenios colectivos, y afea que no se contemple el factor de productividad. Como explica Jorge Marichal, presidente de CEHAT, “el sector turístico está muy afectado por la estacionalidad y requiere una flexibilidad que ha sido siempre acordada con los sindicatos. España es un ejemplo de concordia social en esta materia, fruto del trabajo realizado por patronal y sindicatos. Cualquier intromisión que dañe el diálogo social tendrá consecuencias muy negativas para el empleo y para mantener la competitividad turística española y, con ello, la del conjunto de su economía”.
ASAJA
Por su parte, Asaja estima que la reducción de jornada se ha impuesto sin tener en cuenta las particularidades del sector agrario y sin consenso con la patronal, lo que generará serias dificultades para las explotaciones agrícolas y ganaderas en todo el país.
El presidente nacional, Pedro Barato, afirma que esta decisión "dejará al sector en una situación muy complicada, ya que actualmente ya sufrimos una grave falta de mano de obra en nuestras explotaciones y campañas agrícolas". La reducción de la jornada demandará contratar más trabajadores para cubrir las mismas tareas, lo que supone un incremento de costes inasumible para muchos productores.
Recuerda que, con la actual reforma laboral, solo se pueden realizar contratos fijos o fijos discontinuos, dificultando aún más la adaptación del sector a esta nueva normativa. "No encontramos trabajadores y ahora, además, se encarece el coste laboral, ya que, al reducirse la jornada y mantenerse los salarios, se genera una subida encubierta de sueldos", añade el presidente de ASAJA.
Subraya que la reducción de jornada no responde a la realidad del campo, donde los trabajos agrícolas dependen de factores como la climatología y los ciclos de producción. "Ya es complicado negociar los convenios con la jornada actual, como para ahora imponer una reducción sin atender a las necesidades reales del sector.
Además, la organización denuncia que esta medida se ha adoptado sin consultar ni considerar las consecuencias para la agricultura y la ganadería. "Los legisladores desconocen por completo la realidad del campo y legislan desde los despachos, sin escuchar a quienes trabajamos cada día en la producción de alimentos", critica la Organización.
ASAJA trasladará la preocupación del sector y exigir que se introduzcan medidas de flexibilidad para la agricultura y la ganadería. "Es imprescindible que tanto el Gobierno como los sindicatos entiendan que las condiciones del campo no pueden equipararse a las de otros sectores y que cualquier modificación en la regulación laboral debe contar con la participación de todos los actores afectados".