La pandemia llegó acompañada de fatalidad para Jesús, un hostelero de Huesca que, en puertas del confinamiento general, padeció una fatalidad que ahora mismo amenaza su empresa, dos restaurantes en la ciudad de Huesca. Una cocinera cuyo contrato se había firmado diez días antes y que, por las circunstancias, iba a quedar resuelto, padeció presuntamente una caída y ahora, cinco años después, puede costarle a la empresa que administra Jesús un concurso de acreedores, y es que afrontar la exigencia de la Tesorería General de la Seguridad Social de hasta 120.000 euros por concepto de "recargo de prestaciones" resulta inasumible para un negocio humilde.
La pesadilla de Jesús se inició el 12 de marzo de 2020. Un día después, la cocinera acudió a la mutua de accidentes de la empresa, afirmando que la noche anterior había sufrido una caía en el almacén del establecimiento, de la calle San Lorenzo, muy cerca de la plaza de Santa Clara. Ninguno de los compañeros vio el percance, aunque el propietario no lo niega, simplemente explica esta realidad. En días prepandemia, con las restricciones en la asistencia, tardó en ser atendida. Fue operada "dos o tres veces" y finalmente la Seguridad Social le concedió una incapacidad laboral para su profesión habitual.
Ahí se inició el calvario judicial para Jesús, ya que la accidentada denunció a la empresa penalmente, por infracción de las normas de seguridad y salud de la empresa. Dicho proceso penal acabó siendo archivado.
Así mismo, la trabajadora inició el proceso de recargo de prestaciones contra la empresa, que fue denegado tanto por la Inspección de Trabajo, como por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Tras dichas denegaciones, la trabajadora demandó a la empresa y al INSS. El Juzgado de lo Social de Huesca dejó sin efecto la resolución del INSS el pasado 11 de octubre de 2024. La trabajadora recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la visión de los ámbitos judiciales oscenses y dio la razón a la demandante, con el argumento de que no tenía concretado el Plan de Riesgos Laborales. Jesús esgrime que el restaurante estaba abierto, que se aplicaban a rajatabla todas las disposiciones legales en esta materia y que era una cuestión inminente la formulación del plan. Además, todo el tema de la seguridad laboral está externalizado con una empresa especialista en la materia, cuyas indicaciones siguió.
El TSJA ha determinado que la empresa, que ahora cuenta con dos restaurantes muy conocidos en Huesca, ha de asumir el 30 % de la percepción de la empleada para complementar la retribución de la Seguridad Social hasta los 67 años desde el momento en que sucedió el accidente. Veinticinco años nada menos ya que tenía 42. Este concepto, recargo de prestaciones, es exigido íntegro por el INSS y puede oscilar hasta los 120.000 euros. De golpe. A tocateja, que dice la expresión castiza. Por Ley, este tipo de responsabilidad empresarial, no puede ser objeto de aseguramiento.
El Recargo de Prestaciones contempla una horquilla de entre el 30% y el 50% sobre la prestación a la que tiene derecho un trabajador. Corre a cargo del empresario, pero solo en caso de que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional que da lugar a la prestación ocurra como consecuencia del incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales.
Jesús asegura que no está en condiciones de asumir esa cantidad, sin entrar ya en consideraciones sobre la desmesura de la medida, por lo que pone en riesgo la empresa y las 27 nóminas que entre los dos establecimientos que regenta. Ya, ni mencionar el estímulo para seguir emprendiendo que le viene acompañando desde hace años. "Esto es una ruina y me parece una injusticia, así que me llevará a presentar un concurso de acreedores y veré el rumbo que tomo".