Si se pregunta a gente de la calle sobre transgenerismo es fácil que desconozca de qué se trata o que le suenen vaguedades en torno a todo lo relacionado con lo “trans”. Probablemente, la mayoría no sabría explicar qué esconde dicho término. No es extraño; el asunto, a nuestro entender, no es sencillo: la educación que recibimos dista de ser una formación igualitaria entre varones y mujeres; los media socializan regularmente en valores e ideas que no ayudan a cuestionar la violencia machista; las llamadas “redes sociales” reproducen roles y estereotipos sexuales enseñando a chicas y chicos lo que se espera de unos y otras. En fin, los imaginarios socialmente compartidos sancionan la inferioridad de las mujeres como seres de segunda cuando no sugieren, directamente, como ocurre con “el porno”, que somos objetos sexuales al servicio de los varones. Tanto los valores que se transmiten como los comportamientos que se abonan contribuyen a mantener nuestras sociedades sexistas y machistas, a no cuestionar la misoginia que se desprende de la publicidad o de los productos audiovisuales; a no señalar e impugnar el poder de los varones como colectivo para comprar mujeres; su prevalencia, en fin, en, prácticamente, todos los ámbitos de poder, político, académico, económico, educativo, artístico… Ahora bien, ¿qué tiene que ver la desigualdad estructural entre varones y mujeres en nuestras sociedades sexistas y el tema “trans”? Tiene mucho que ver. Porque la ideología que subyace al transgenerismo, y que se traslada a la normativa “trans”, consagra, justamente, lo que oprime y subordina a las mujeres: los estereotipos y roles sexuales, la piedra angular que sostiene el patriarcado. Y esto no es fácil de percibir por todo lo que se ha indicado. Ahora bien, el proyecto de ley citado no afecta negativamente solo al colectivo femenino, como han puesto de manifiesto las Enmiendas que el feminismo ha presentado.
Probablemente, la ciudadanía de a pie tampoco tenga conciencia de las estrategias que están escamoteando en nuestro país el debate público en el trámite de la conocida como “Ley trans” por vía de urgencia. Cuando por su alcance, su trascendencia política y social, debería dedicarse tiempo a la reflexión y al debate público, como se está demandando reiteradamente desde el feminismo, profesionales sanitarios, educativos, jurídicos, asociaciones de madres de menores (como AMANDA), etc. Es imprescindible en la lógica democrática la necesidad de preservar espacios para la discusión racional, pública, para que personal especializado, como médicos, juristas, profesorado, etc., tengan oportunidad de exponer los riesgos que entraña la norma. O dar voz a personas afectadas por disposiciones ya existentes en las CCAA desde hace años, aprobadas sin suficiente reflexión, tanto con mayorías del Partido Popular, como en el caso de Galicia, como del Partido socialista, como en Andalucía.
Indefensión jurídica. Secuestro de la libertad de expresión
Contra lo que pudiera parecer a primera vista, el proyecto “trans” incumbe a todos y todas porque, para empezar, en un ámbito en el que los conceptos deben estar claros, el articulado del texto (difuso, confuso, ambiguo), nos sitúa en un terreno poco seguro. Por ejemplo, el término “trans” no se sabe, con rigor, a qué se refiere. Y se confunden conceptos como género y sexo en un galimatías que no favorece el debate racional de la ciudadanía. El texto introduce, además, una terminología sin base científica alguna y un lenguaje arbitrario y oscuro que borra, de facto, a las mujeres, las personas del sexo femenino (según el DRAE).
En segundo lugar, es importante conocer y discutir públicamente una norma que atenta contra principios básicos que sostienen nuestras sociedades, como la libertad de opinión, expresión o libre manifestación, principios todos ellos reconocidos en el texto constitucional. Tal y como recoge la Enmienda 20 presentada por el feminismo al proyecto de ley, “El aparato sancionador enajena la tutela judicial efectiva y las libertades de pensamiento y expresión”. Dicha enmienda apunta, además, su extralimitación: “el Informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial señala que no resulta oportuno que el Proyecto de Ley incluya sanciones administrativas (de hasta 150.000 euros) frente al discurso de odio, puesto que este ya está recogido en el artículo 510 del código penal”.
Vulneración de derechos de mujeres y menores. Educación no sexista
Como se ha avanzado, el proyecto vulnera derechos duramente conquistados de la mitad de la población al entrar en conflicto con normas aprobadas (como la de violencia de género o la de igualdad efectiva entre varones y mujeres) derivadas del reconocimiento del sexo como base de la subordinación de las mujeres. Por otra parte, al sacralizar los estereotipos sexuales, la disposición contribuye a incrementar la desigualdad entre varones y mujeres. De tal forma que contraviene, además, el derecho a una educación en igualdad para chicos y chicas, (como ha analizado a fondo el colectivo DoFemCo), uno de los pilares políticos de nuestra sociedad. El proyecto, también, vulnera derechos de menores reconocidos en la Convención de los derechos de la Infancia al poner en riesgo su salud o abrir vías de sanción contra padres y madres (enajenando su patria potestad) por el mero ejercicio de su responsabilidad frente a problemas que puedan afectar a sus hijos e hijas.
Es importante hacer notar, finalmente, que, mientras otros países en los que las políticas que propone el articulado de la “Ley trans” están siendo revisadas, o se está dando marcha atrás por los riesgos que, empíricamente, se sabe que conllevan, (como Reino Unido, Finlandia, Suecia…), en España sigue adelante la tramitación de una propuesta, sin debate público, a espaldas de la ciudadanía. En definitiva, es muy importante que la sociedad se sienta concernida por un proyecto de ley que afecta frontalmente a su funcionamiento: libertad de expresión, igualdad entre varones y mujeres, derecho a una educación no sexista o el deber de salvaguardar los derechos de la infancia son temas que deben merecer nuestro tiempo, atención e interés. Y, por tanto, debe exigirse un debate público a propósito de la “Ley trans”.