Existe una alta probabilidad que la legislatura recién empezada incorpore una buena dosis de incertidumbre a la política aragonesa. La razón de esta incertidumbre hay que buscarla en los pactos suscritos por los distintos partidos políticos para lograr la investidura y dar estabilidad al nuevo gobierno. Dichos acuerdos no solo abarcan aspectos políticos, sino que también involucran aspectos económicos que podrían trascender el ámbito regional para el cual fueron inicialmente concebidos. Es el caso del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts que incluiría concesiones en materia fiscal para Cataluña pero cuyos efectos podrían extenderse también a Aragón y a otras regiones limítrofes.
El ruido político y las movilizaciones en las calles por la ley de amnistía han desviado la atención del compromiso acordado, a propuesta de Junts, de establecer una “cláusula de excepción” que reconozca la singularidad institucional de Cataluña. Ninguna declaración posterior de los firmantes del pacto de investidura, en sede parlamentaria o en los medios de comunicación, ha permitido delimitar claramente el alcance de esta propuesta. Lo que podemos saber, por que así lo recoge el documento firmado, es que este esquema fiscal propio, alejado del que se aplica en el resto de comunidades autónomas de régimen común, estaría caracterizado por la cesión del 100% de los tributos que se pagan en Cataluña. Este modelo “foralizante” para Cataluña estaría encima de la mesa para su aprobación en la próxima legislatura.
Esta pretensión política, de materializarse, representaría un antes y un después en el sistema de financiación de las comunidades autónomas. En primer lugar, porque socavaría los cimientos fiscales del modelo al desgajar del mismo la parte correspondiente a la economía catalana (alrededor de un 20% del PIB). Y en segundo lugar, porque la cesión de impuestos llevaría aparejada la gestión y la capacidad normativa sobre esos tributos, es decir, la competencia para modificar los tipos que se aplican a las figuras tributarias. Esta potestad no estaría disponible para el resto de comunidades autónomas de régimen común, entre ellas Aragón.
Estos cambios de orden fiscal harían inviable el sistema de financiación de las comunidades autónomas en su actual diseño y comprometerían, todavía más, el cumplimiento del principio de coordinación y de solidaridad territorial recogidos en la Constitución. Además, la eventual legalización de esta desigualdad fiscal entre regiones podría acarrear riesgos que, a medio plazo, podrían afectar al crecimiento económico de Aragón.
Las sólidas relaciones económicas entre Aragón y Cataluña, fundamentales para el desarrollo de ambas comunidades, se verían afectadas por esta nueva frontera fiscal. Este nuevo escenario podría llegar a alterar las decisiones de los agentes económicos privados, los cuales podrían reorientar el destino de sus inversiones buscando un mejor tratamiento impositivo. El incremento de los recursos fiscales para la nueva hacienda catalana, sin un contundente mecanismo de compensación para el resto de comunidades autónomas, sólo sería viable a expensas de la capacidad financiera del estado o mediante un cambio radical en el sistema tributario español.
Es probable que el clima político en el que se ha negociado la investidura y la tensión acumulada en los partidos políticos tenga otras consecuencias a corto plazo. Una de estas consecuencias será el retraso en la negociación de la futura ley de financiación autonómica, que debe reemplazar la normativa actualmente en vigor. Respaldar la factibilidad de la propuesta fiscal presentada por Junts vendría a dinamitar la confianza institucional necesaria para llegar a pactos de estado como la referida ley de financiación autonómica y mostraría, cuando menos, la doble vara de medir en materia autonómica del nuevo gobierno.
Todo parece indicar que las contrapartidas económicas van a ser la moneda de cambio para sostener el próximo gobierno. La ley de financiación de las comunidades autónomas no puede ser otra mercancía política sujeta a transacción en el debate territorial. De como se desarrolle esta agenda política dependerá que los ciudadanos accedan en condiciones de igualdad a unos servicios públicos de calidad, vivan en una u otra comunidad autónoma, o residan en una ciudad o en el campo.