El artículo 1.3. de la Ley de Contratos del Sector Público formula con un efecto dispositivo y no declarativo, y con total claridad que todos los contratos públicos deberán incorporar criterios de responsabilidad social y medioambiental.
Literalmente dice lo siguiente: “En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social”.
Por ello algunas administraciones están editando guías para proponer y facilitar la inclusión de criterios de responsabilidad social y medioambiental en la contratación pública a través de procesos y productos ecológicos y kilómetro 0, promoviendo así un beneficio medioambiental evidente. Es necesario que el Ayuntamiento de Huesca/Uesca cuente con su guía de contratos sostenibles y responsables, para incluir criterios de responsabilidad medioambiental a la hora de contratar sus obras, servicios y suministros conforme a las diferentes opciones técnicas y jurídicas.
La guía expondría las diferentes posibilidades que ofrece la legislación de contratos públicos, proponiendo un clausulado con plenas garantías legales y técnicas susceptibles de ser incorporados en los pliegos de contratación, y debería evidenciar la clara apuesta de la legislación de contratos para incorporar en las licitaciones criterios ambientales, abordando las diferentes opciones con absolutas garantía, planteando un procedimiento pautado, aportando un análisis jurídico y mostrando diversos ejemplos.
Desde CHA creemos que la administración debe actuar siempre con ejemplaridad, y ante la situación de crisis climática que ya estamos sufriendo, todas las medidas son pocas, y entre ellas la incorporación de criterios medioambientales y ecológicos en la contratación pública no debería resultar una posibilidad sino una obligación.