El acceso al aborto seguro y legal es un derecho humano fundamental que debe ser protegido y garantizado. La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 (de la cual celebraremos el 75 aniversario el próximo 10 de diciembre) establece un conjunto de principios fundamentales, basados en la inalienable dignidad de la persona, que se aplican a todas las personas, independientemente de su lugar de residencia, género, edad, identidad, etnia, religión o creencias. A pesar de los avances significativos en la protección de los derechos humanos, actualmente son muchas las personas que se enfrentan a violaciones de sus derechos en todo el mundo.
La subordinación y desigualdad histórica de las mujeres interpela al cumplimiento de los derechos humanos. En 1995, en Pekín, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, ratificó que los derechos de las mujeres son derechos humanos, reconociendo este estatuto a los derechos sexuales y reproductivos, siendo el acceso al aborto legal y seguro uno de estos derechos. Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ha reiterado que las leyes restrictivas sobre el aborto constituyen discriminación contra las mujeres.
El acceso al aborto seguro y legal es una cuestión de derechos humanos y su disponibilidad es la mejor forma de proteger la autonomía y reducir la mortalidad y morbilidad maternas. La restricción o prohibición del acceso al aborto puede poner en riesgo también otros derechos protegidos internacionalmente, que incluyen el derecho a no sufrir discriminación y a la igualdad; a la vida, la salud y la información; a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la privacidad y la autonomía e integridad física; a decidir sobre número y espaciamiento de hijos; a la libertad; a disfrutar de los beneficios del avance científico, y a la libertad de conciencia y religión.
A pesar de ello, actualmente el aborto continúa estando prohibido en algunos países o solo permitido en circunstancias muy limitadas. En otros, el acceso al aborto es más amplio y se considera un derecho fundamental de las mujeres.
La política de Amnistía Internacional sobre el aborto reconoce el derecho de todas las mujeres, niñas o personas que pueden quedarse embarazadas al aborto, practicado de manera que respete sus derechos, autonomía, dignidad y necesidades en el contexto de sus vivencias, circunstancias, aspiraciones y opiniones.
El enfoque de Amnistía Internacional sobre el aborto se deriva de las leyes y normas internacionales de derechos humanos, así como de principios consolidados en esta materia y se basa en el reconocimiento de que las decisiones sobre el embarazo y el aborto repercuten directamente en todos los derechos humanos de las personas embarazadas. En la práctica, esto significa que los derechos sexuales y reproductivos y la capacidad de las personas para controlar su fertilidad y reproducción, inclusive mediante el acceso al aborto, son fundamentales para la realización plena de todos los demás derechos.
Estados Unidos, China, Polonia y Hungría son solo algunos ejemplos de países que han dado pasos hacia atrás en el acceso al aborto en los últimos años. Y países como Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Dominicana o Andorra mantienen leyes que prohíben el aborto en todas las circunstancias.
En los países en los que el aborto está prohibido, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos de las mujeres están siendo perseguidas y atacadas.
En Polonia, donde sólo es posible abortar si peligra la vida de la embarazada o si el embarazo es fruto de una violación, Justyna Wydrzynska, una defensora polaca de los derechos humanos se enfrenta a una pena de tres años de cárcel por luchar contra la estigmatización del aborto.
Sorprendentemente, la persecución a personas defensoras de derechos de las mujeres está sucediendo también en lugares tan cercanos como Andorra, el último país europeo que mantiene la prohibición total del aborto, obligando a miles de mujeres y niñas a viajar al extranjero o a recurrir a métodos inseguros para interrumpir sus embarazos no deseados o de riesgo. Vanessa Mendoza estuvo en Huesca el pasado 19 de noviembre presentando su caso en una charla organizada conjuntamente por el Colectivo Feminista de Huesca y el grupo local de Amnistía Internacional.
Stop Violències es una asociación que ofrece apoyo y asesoramiento a las mujeres y niñas de Andorra que necesitan abortar y denuncia públicamente la violación de sus derechos sexuales y reproductivos.
En 2019, Vanessa Mendoza, psicóloga y presidenta de la asociación participó en el informe periódico de Andorra ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, donde expuso el impacto negativo que tiene la prohibición del aborto en las mujeres y niñas de Andorra y otros motivos de preocupación en relación con los derechos de las mujeres. Por este motivo, el gobierno de Andorra la acusó de difamar al Estado y a sus instituciones, iniciando un proceso judicial.
En la querella que presentó el gobierno de Andorra ante Fiscalía alegaban, entre otros cargos tipificados en el Código Penal andorrano, que sus declaraciones “socavan el prestigio y buen nombre del gobierno”, “calumnia con publicidad”, “delitos contra el prestigio de las instituciones”. Vanessa ha sido juzgada este pasado lunes día 4 de diciembre de 2023.
Desde Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y Women’s Link, se considera que Vanessa jamás debería haber sido acusada de un delito o juzgada por defender los derechos humanos. Tanto Amnistía Internacional como otras organizaciones han asistido a la vista judicial del día 4 de diciembre.
Desde Amnistía Internacional se considera que el injusto procesamiento de Vanessa Mendoza Cortés y los esfuerzos para deslegitimar su trabajo de promoción de los derechos sexuales y reproductivos siguen un patrón global de intimidación, ataques y estigmatización de personas que defienden el derecho al aborto, un patrón que hace que su trabajo sea cada vez más difícil.
La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que permite a las personas expresar sus opiniones y pensamientos sin temor a represalias. Por otro lado, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales que permiten a las mujeres tomar decisiones libres y responsables sobre su cuerpo y su vida. Es imprescindible que se proteja a Vanessa Mendoza y a otras activistas de derechos humanos y se les permita trabajar sin temor a represalias.
La defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la libertad de expresión son fundamentales para garantizar una sociedad justa y equitativa. Libertad es poder decidir y libertad es también poder expresar tu opinión sin miedo.