Cuando el Estado de Derecho se convierte en mercancía política, algo muy profundo deja de funcionar en nuestro país. Hoy España amanece con una noticia difícil de digerir: 83.000 millones de euros de deuda autonómica podrían ser condonados a las comunidades autónomas, una medida que nace directamente de las presiones de los independentistas catalanes al Gobierno central.
Estamos ante una situación inquietante por varios motivos. Primero, porque es injusta con aquellas comunidades que han actuado responsablemente con sus finanzas, esforzándose por mantener equilibradas sus cuentas públicas. Segundo, porque transmite un mensaje peligroso: que ejercer presión política y amenazar la estabilidad del país tiene premio. ¿Qué incentivo tendrán ahora las autonomías para seguir manteniendo disciplina fiscal si saben que pueden conseguir mejores resultados mediante chantajes políticos?
El malestar ciudadano es lógico y evidente. Los 83.000 millones que podrían condonarse no caen del cielo; son fruto del esfuerzo y trabajo diario de millones de contribuyentes españoles que ven cómo sus impuestos, en lugar de ir destinados a sanidad, educación o infraestructuras, se convierten en moneda de cambio para calmar pulsos independentistas.
Esto no es solo una cuestión económica, sino moral y democrática. La cesión a las presiones políticas erosiona la igualdad entre españoles y rompe con el principio básico de solidaridad territorial. ¿Por qué debería un ciudadano extremeño, aragonés o andaluz pagar la factura del chantaje político impuesto por otros territorios?
Nuestro país necesita estabilidad, no parches que sólo retrasan problemas estructurales y los agravan. La política basada en concesiones constantes a quienes utilizan el desafío permanente es insostenible y profundamente injusta.
España merece una gestión seria, equitativa y justa. Y, sobre todo, merece respeto a la igualdad y al esfuerzo de todos los ciudadanos, independientemente del lugar donde vivan.