Cuando llegó la crisis del 2008 se acusó a las familias españolas de vivir por encima de sus posibilidades. Habían estado viviendo endeudadas o, dicho de otra manera, sus gastos superaban a sus ingresos. Pedían dinero prestado para poder mantener su nivel de vida, que en la mayoría de las veces era para poder pagar una casa sobrevalorada debido a la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, desde que las familias tuvieron que sufrir las consecuencias de tal crisis han aprendido de sus errores. Ahora la realidad es otra totalmente distinta. Las familias españolas ya no viven endeudadas, lo cual es una magnífica noticia si las Administraciones Públicas hubieran hecho lo mismo.
Esta semana la noticia económica ha sido que España tiene unos niveles de deuda frente al exterior similares a los de antes de la crisis del 2008. Lo que significa que el conjunto de la economía española, como no puede generar suficientes recursos, debe pedirlos fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, la noticia esconde muchos detalles.
El primero de ellos es que las familias y empresas españolas no generan deuda, al contrario, están generando tanto ahorro que lo prestan a inversores allende de nuestras fronteras. Sin embargo, las Administraciones Públicas hacen todo lo contrario, viven endeudadas. Cada día necesitan más dinero porque no son capaces de equilibrar el presupuesto, así que van a los mercados internacionales de capitales a conseguir financiación.
Estos dos detalles resaltan un panorama muy triste para la economía española. Empecemos por las Administraciones Públicas. Es cierto que, de todas las instituciones del Estado, la que más deuda está generando es el Gobierno de Pedro Sánchez. En estos años ha emitido mucha más deuda pública que la que generaron sus antecesores. Sin embargo, no es sólo suya la culpa sino también de todas las Comunidades Autónomas que incrementan la deuda y presentan presupuestos con déficit (incluso los sobrefinanciados del PNV). Esto es sangrante porque desde el 2017 la recaudación vía ingresos ha subido casi un 30%. Es decir, los gobernantes tienen más recursos que hace ocho años y siguen pidiendo prestado. No sólo eso, sino que cada año piden más dinero prestado que el anterior.
Posteriormente hay que preguntarse: si la economía privada genera ahorro, ¿por qué no se lo presta a las administraciones públicas que necesitan dinero? La respuesta es sencilla: no se fían de la economía española. No tienen fe en su buena evolución por lo que deciden depositar sus ahorros lejos de los gestores públicos españoles con la esperanza de conseguir seguridad y tranquilidad financiera.
La realidad de estos datos muestra que la economía privada ha aprendido de la crisis del 2008 pero las administraciones han decidido hacer caso omiso a las lecciones pasadas. Aunque seamos sinceros: las administraciones no son entes abstractos, están compuestas por personas y son estas mismas las que viven a cuerpo de rey con el dinero que extraen coercitivamente de la economía productiva. Los datos de los que hemos hablado demuestran que, cuando ciertos políticos agitan el “lema” de que los impuestos sirven para defender el estado de bienestar, no es cierto, sirven para mantener “el bienestar del Estado”.