Quiero hacerles partícipe sobre mis reflexiones de algo tan subjetivo como es el concepto de la justicia. Debo confesar que cuando he escrito la palabra justicia he dudado en ponerla con mayúscula o minúscula. He decidido hacerlo de esta última forma, pues he pensado que como es algo de todos y para todos mejor darle cierta familiaridad, un acercamiento suficiente para que, sin perderle el respeto, seamos capaces de otorgarle toda nuestra comprensión en términos de entendimiento, porque forma parte activa de nuestras vidas y es el elemento que garantiza la convivencia entre todos.
Pero también deseo que la entendamos con el respeto y la grandiosidad que se merece: con mayúscula, pues será el refugio final que nos permitirá encontrar la paz interior, sea cual sea el resultado de sus conclusiones. Por tanto, aunque tengamos un criterio sobre lo que es justo o lo contrario, debemos colocarnos en una situación de comprender las normas por las que nos regimos y entender a quienes las interpretan, pues el fundamento de una sociedad sana es no poner en discusión las instituciones que nos hemos dado y representan.
Ahora estamos inmersos en el debate de cuál es la razón por la que no se realiza la elección de nuevos miembros al Consejo General del Poder Judicial, que no olvidemos que es el Gobierno de los jueces y no un tribunal de justicia. Digo esto por lo manido que resulta conjugarlo con el concepto de independencia judicial, que poco o nada tiene que ver, pues esta (la independencia judicial) tiene una dirección exclusiva hacia el papel de los jueces en el desarrollo de sus funciones impartiendo justicia.
Un juez se rodea de las leyes que todos nosotros, los ciudadanos, dictamos a través de nuestros representantes y realiza la interpretación de las mismas sin que nada ni nadie le perturbe. Ya con la ley en la mano la aplica con plena libertad, es decir, empleando la llamada independencia judicial, esta es y no otra. Por tanto, intentar confundir con derivaciones torticeras esta garantía es no dar realidad a la independencia de poderes. En lo concerniente a la justicia, esa mal interpretada autonomía, la define a la perfección el artículo 117 de nuestra Constitución, así que no la pervirtamos: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”, artículo 117.1 de la Carta Magna.
Pero también es cierto que, si no se regula el Consejo General del Poder Judicial, tal y como establece la Constitución, se está afectando, gravemente, el desarrollo de la justicia, pues es este órgano de Gobierno quien elige a los jueces y, por tanto, en estos momentos, que han sobrepasado en cuatro años su mandato, no pueden ejercer estas funciones. Tenemos tribunales, en especial el Tribunal Supremo, carente de magistrados y por ende incidiendo negativamente en la impartición de justicia. No hacer lo que manda la Constitución es la negación a la misma democracia.
No olvidemos a otro actor importante e involucrado directamente en el tema judicial: el ciudadano. Este es quien motiva las acciones judiciales y/o se defiende de ellas, en especial me refiero a las de carácter civil. De esta participación es de donde proviene la reclamación por la lentitud de las resoluciones judiciales. Creo que deberíamos preguntarnos ¿cuál es el uso que hacemos de la justicia? Abusar de ella, sin duda sería la contestación. Seguramente que por nuestra incapacidad de dialogar y cerrar acuerdos en lo referente a cuestiones sencillas; pero no solo queda ahí, que puede que no todos tengamos el suficiente talante para la resolución de conflictos, sino que existen instrumentos de mediación y arbitraje que sin duda podrían solucionar cantidad de problemas sin tener que ir a los tribunales y que, por desgracia, no utilizamos, ya que queda tan amenazante eso de: “Te pongo una demanda judicial”. Y en esto hay unos protagonistas de primer nivel: las empresas de cobro de morosos llaman al deudor y le dicen: paga usted (quizá menos de 200 euros) o le llevamos judicialmente. Pobres jueces, haber estudiado una carrera y una difícil oposición para ver temas de esta índole. Sinceramente, es necesario que entendamos que la justicia es algo serio y que no se puede tratar como si fuese un juguete para amenazar. Si queremos darle su verdadero papel, hagamos que la tengamos por la institución respetada por todos que debe ser.
Pero no crean que con esto acaban los protagonistas de la falta de consideración hacia la justicia. Si nos acercamos al mundo de la política podremos ver cómo la incapacidad de un buen número de los que se llaman políticos también se empeña en cabalgar a lomos de ella. Y esto es lo que sucede: cuando un grupo mayoritario se dispone a realizar alguna cuestión en la que no están de acuerdo los minoritarios, no lo debaten y presentan sus propuestas alternativas (como sería lo lógico), sino que se aferran al: “No estamos de acuerdo, así que denunciaremos ante los tribunales”. Y lo que debería resolverse en el parlamento y con palabras (de ahí su nombre), se lo pasan al tribunal que sea, que eso les da lo mismo, para que sean ellos los que lo solucionen. Las incapacidades de algunos políticos es de tal miseria intelectual que deberían reflexionar sobre cuál es su papel en la política.
Y aunque el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial no deseo dejarlo al margen en esta reflexión, pues decide también sobre la constitucionalidad, o no, de asuntos públicos o privados que han tratado ya los jueces. En definitiva, es el intérprete supremo de la Constitución. Sin embargo, considero que tiene un problema de función orgánica: al estar compuesto por 12 magistrados cuyo mandato dura nueve años y que son renovados por terceras partes cada tres años, estas renovaciones se convierten en un modelo de instaurar un poder para quien los nombra (cuatro el Congreso, cuatro el Senado, dos el Gobierno y dos el Consejo General del Poder Judicial). Creo que el Tribunal Constitucional debería ser una Sala del Tribunal Supremo, y los magistrados, todos, ser nombrados por el Congreso hasta la jubilación de cada uno de ellos, de esta forma se entendería una mejor independencia en la defensa de la Carta Magna.
Pues bien, de lo que se trata es que le demos su verdadero valor al Poder Judicial. Que entendamos que la aplicación de las leyes es la garantía última que tenemos en la resolución de nuestros más serios problemas. No despreciemos a los jueces con nimiedades que serían de nuestra responsabilidad el dar una solución.