En las noticias se está hablando mucho de la medida judicial contra Madrid 360. Para quien no lo sepa, Madrid 360 era un plan del alcalde Almeida (PP) para que en distintas zonas de Madrid no pudieran entrar algunos coches (dependiendo de la antigüedad y de la clasificación de la DGT). Un juzgado ha dicho que no se puede implementar por varios motivos, entre ellos que esta medida afecta a la clase baja, a los que menos tienen. Según nuestro cuerpo legislativo, ninguna administración pública puede aprobar una ley que afecte económicamente a un colectivo sin presupuestar ayudas y contraprestaciones. En otras palabras, el plan de Almeida contra los coches suponía de facto que las clases bajas y las empresas pequeñas se vieran excluidas de poder entrar en Madrid. Una discriminación en función de la renta.
¿Es Almeida un clasista y ha hecho esto para que Madrid sea para los ricos? No. El plan de Almeida no es nuevo, sino que es una copia de los planes que están llevando a cabo la mayoría de los alcaldes para hacer más “verdes” sus ciudades. Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat y Sant Adrià de Besòs son algunas de las ciudades donde los jueces han dictaminado lo mismo que en Madrid. Y en el juzgado se encuentran un puñado de ciudades a la espera de la sentencia.
Los que están al frente de estos planes defienden su implementación porque según una normativa europea algunas ciudades deben tener zonas de bajas emisiones. O lo que es lo mismo, que se emita menos CO2. Por supuesto que hay alternativas más eficientes y eficaces como: incrementar las zonas verdes de las ciudades, dar ayudas para mejorar la climatización de las viviendas, incrementar el transporte público (y su calidad) o incrementar los aparcamientos públicos (aparcar en España cuesta de media 16 minutos). Sin embargo, todas esas alternativas son costosas para unas administraciones que tienen el presupuesto restringido, así que han decidido que lo paguen los ciudadanos directamente. El gran problema es que los contribuyentes no podemos.
Los españoles, ya lo dije hace unas semanas, somos pobres. No podemos hacer frente a los retos “ecológicos” que imponen alcaldes como Almeida. Un dato que corrobora esto es la antigüedad de nuestro parque móvil. El 42% de los coches que circulan por nuestras carreteras y por nuestras ciudades tienen más de 15 años. Y el 16% tiene entre diez y quince años. Sumemos los porcentajes y tendremos que el 58% de los coches ya han cumplido una década. Por muy bien que tratemos nuestros coches y por poco que los usemos, la gente solía cambiarlos pasada la década ¿por qué entonces ahora más de la mitad superan esa cifra? Por la sencilla razón de que no tenemos capacidad económica para afrontar tal desembolso.
Aún hay otro dato más llamativo ¿han oído hablar de los coches fabricados en China? Lo más seguro es que no. La gente habla de Tesla, BMW, SEAT, Peugeot y nuestro presidente habla mucho de Lamborghini. Pero nadie habla de los coches chinos. Esto se debe a que su calidad es peor que la del resto de los competidores y, sin embargo, el 4% de los coches vendidos en España de lo que va de año son de empresas chinas. La gente no los escoge por sus características técnicas, sino porque son la marca barata. Como las Administraciones Públicas están obligando a la gente a cambiar de coche, pero el presupuesto familiar no permite uno bueno, los españoles están yendo hacia lo barato. Los refranes son una fuente de conocimiento muy valiosa:
Lo barato siempre sale caro
Las zonas de bajas emisiones como Madrid 360 van más allá de Madrid. Son un ataque a la libertad de elección de medio de transporte que está llevando a un consumo de baja calidad que a la larga generará una rémora económica y social. Ignoro si las zonas de bajas emisiones consiguen reducir la contaminación, pero sí están ayudando a empobrecer a sus vecinos.