En los últimos años, el sector primario ha sido objeto de una incesante presión normativa que, lejos de responder a criterios técnicos y realidades de campo, parece dictada desde despachos alejados de la tierra y de quienes la trabajamos. La última amenaza viene en forma de un nuevo decreto que pretende reducir la densidad de animales por metro cuadrado en las granjas de porcino. Desde el sector, queremos expresar nuestro más absoluto rechazo a esta medida, que no solo carece de una justificación real en términos de bienestar animal, sino que además tendrá un impacto devastador en la economía, en la producción y, en última instancia, en el bolsillo de los ciudadanos.
El bienestar animal ha alcanzado en España niveles de exigencia que superan con creces los estándares aplicados al bienestar humano. Cualquier persona que haya visitado una granja moderna puede constatar que los controles de bioseguridad, las normas de sanidad y bienestar, y la regulación en el uso de antibióticos son extremadamente estrictos. Se han implementado medidas que garantizan la salud y el confort de los animales en niveles que en muchos casos no encontramos en hospitales o centros humanos. Y, sin embargo, desde la administración se sigue castigando al sector con normativas cada vez más restrictivas, muchas veces sin base científica o sin considerar el impacto real que tendrán.
Consecuencias económicas y sociales
Reducir la densidad de cerdos por metro cuadrado no es una medida inocua. Supone una reducción de la producción por explotación, lo que llevará inevitablemente a un encarecimiento del producto. El cerdo es hoy en día una fuente de proteína asequible y de calidad para la mayoría de los consumidores. Con esta normativa, su precio se elevará, afectando directamente a las economías familiares, ya de por sí castigadas por la inflación y la crisis económica.
Además, esta reducción de densidad incrementará los costes de producción de los ganaderos, obligándolos a realizar inversiones millonarias para adaptar sus explotaciones o, en muchos casos, llevándolos al cierre. ¿Quién compensará estas pérdidas? ¿Quién asumirá la destrucción de empleo y la desaparición de pequeñas y medianas explotaciones que llevan generaciones en el sector? Como siempre, las normativas restrictivas recaen sobre los hombros de los trabajadores del campo, mientras las grandes corporaciones encuentran formas de sortearlas.
Decisiones desde el despacho, no desde el campo
Es evidente que estas decisiones no se toman con conocimiento real de la ganadería. Se elaboran en despachos, por personas que jamás han pisado una granja, que desconocen la realidad de los ganaderos y que legislan de espaldas al sector. Quienes trabajamos en la producción porcina sabemos que las condiciones actuales no solo cumplen con los estándares de bienestar animal, sino que los superan ampliamente. Las mejoras en genética, alimentación, manejo y bioseguridad han permitido reducir el uso de antibióticos, mejorar la salud de los animales y aumentar la eficiencia productiva.
El problema no es solo este decreto en particular. Es una tendencia preocupante de ataques constantes al sector primario, que van desde la demonización del consumo de carne hasta la imposición de normativas que asfixian a los productores. Y todo esto, mientras se permite la importación de productos de terceros países con estándares de producción mucho más laxos que los que se exigen aquí.
Nuestro rechazo y nuestra exigencia
Desde el sector ganadero, manifestamos nuestro más absoluto rechazo a esta nueva normativa y exigimos que se escuche a quienes realmente entienden del tema: los ganaderos, veterinarios y expertos en producción animal que han dedicado su vida a este trabajo. Pedimos que se legisle con conocimiento, con datos objetivos y con un diálogo real con el sector, en lugar de imponer medidas arbitrarias que ponen en peligro nuestra forma de vida y la alimentación de la población.
No podemos seguir permitiendo que se ataque constantemente al sector primario con normativas absurdas y restrictivas. La producción ganadera es esencial para la economía, el empleo y la soberanía alimentaria de nuestro país. No podemos seguir legislando desde los despachos sin pisar el terreno. Es hora de que se escuche al campo.