Los datos son bien conocidos: estudios de la fundación ANAR, que desde 1970 se dedica a la atención de niños y adolescentes en riesgo en España, revelan que los casos de pederastia confirmados y presuntos, producidos entre 2009 y 2019, tan solo incriminan a sacerdotes y religiosos en un 0,2%, una ínfima minoría. La misma fuente constata que por cada delito de abuso cometido por un sacerdote, 5 han sido perpetrados por monitores, 18 por maestros y profesores, 26 por relaciones iniciadas por internet, 50 por la pareja o expareja del padre o madre y 72 por un amigo o compañero.
Dato similar, y también publicado como el anterior, el que revela la Fiscalía General del Estado: sólo el 0,46% de los abusos sexuales en España pertenecen al ámbito de la Iglesia (incluyendo colegios y asociaciones católicas). Muchas familias españolas siguen confiando la educación de sus hijos a los 2.500 colegios católicos de nuestro país
Sin embargo, el Defensor del Pueblo fue encargado de inspeccionar los casos de pederastia habidos sólo en el ámbito de la Iglesia católica, vinculando así este delito a la Iglesia y sus miembros.
La pregunta es: ¿por qué el Congreso de los Diputados y la Fiscalía General del Estado investigan exclusivamente el 0,2% de los casos relacionados con la Iglesia? ¿Por qué no indaga sobre el 99,8% del resto de los casos, ¿es que las víctimas de estos 99,8% depredadores no interesan?
El Gobierno sigue sin abordar este abuso tan extendido en nuestra sociedad y sitúa el foco en la Iglesia, que utiliza como chivo expiatorio y tapadera. Se llama persecución y campaña de desprestigio.
Los votos de socialistas y comunistas, que vetaron al Defensor del Pueblo la investigación de los abusos sexuales en ámbitos distintos de la Iglesia, también impidieron indagar los abusos en un centro de la Consejería de la Generalitat Valenciana, o la explotación sexual de dos niñas tuteladas por el Consell de Menorca; además el Psoe ha evitado que el Parlamento europeo investigue este asunto por su cuenta. ¿No será que quienes deberían abordar esta terrible lacra que corroe nuestra sociedad están implicados, en alguna medida, en el problema? Sin duda, la legitimidad moral del gobierno en este asunto, si no acude a la totalidad de las víctimas y de los delincuentes, queda en entredicho.
Por supuesto que un solo caso dentro de la Iglesia debe hacer saltar todas las alarmas y remedios, por ser especialmente abominable y vergonzoso. Pero tampoco hay que olvidar que esta institución, aun con sus negligencias y retrasos, es de las pocas en todo el mundo que desde hace más de una década viene tomando medidas para subsanar, prevenir e indemnizar los casos que pueden producirse. Algo que no han hecho los poderes públicos. El ejecutivo es responsable de sus colectivos, aunque parece que sólo le interesa controlar a la Iglesia, (recientemente también su plan de compensaciones a las víctimas, con las que la Iglesia se ha reunido para elaborar este programa de reparaciones, referido a casos ya prescritos o cuyos acusadores han fallecido).
¿Somos todos los españoles iguales ante la ley?