Hace cincuenta años las Cortes de la Dictadura aprobaron dos leyes importantes: la Ley del Suelo y Ordenación Urbana y la Ley de Espacios Naturales Protegidos. Ambas leyes se promulgaron el 2 de mayo de 1975 y ambas respondían a la creciente preocupación mundial por los temas relacionados con el medio ambiente y la ordenación del territorio. Hay que recordar que en 1972 la ONU había celebrado la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano y se había creado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). También hay que recordar que dos años antes el Consejo de Europa había declarado 1970 Año Europeo de Conservación de la Naturaleza.
La ley del suelo contenía dos instrumentos para hacer compatible el desarrollo urbanístico y la protección del medio ambiente: los Planes Directores Territoriales de Coordinación, que no tuvieron eficacia práctica, y los planes especiales de protección del paisaje vinculados a la conservación del medio rural y natural. Por su parte la ley de espacios naturales tenía por finalidad contribuir a la conservación de la naturaleza otorgando regímenes de protección especial a los espacios naturales cuya singularidad lo requiriese. Se establecían cuatro categorías: reservas integrales de interés científico, parques nacionales, parajes naturales de interés nacional y parques naturales. Estos últimos, a diferencia de los parques nacionales que serían declarados por ley, serían declarados por decreto del gobierno, pudiendo corresponder la iniciativa para su declaración a las Corporaciones Locales o a particulares. Se preveía la reclasificación de los espacios naturales existentes y en cumplimiento de esa disposición se declaró, entre otros, el Parque Natural del Moncayo.
Precisamente en los años posteriores a 1970 se habían planteado diversos proyectos de desarrollo turístico o industrial que de haber prosperado habrían afectado de forma muy grave a espacios naturales singularmente valiosos de nuestro Pirineo, como el Cañón de Añisclo, el macizo de la Maladeta o el valle de Canal Roya. La sociedad aragonesa y española reaccionaron de un modo ejemplar solicitando la declaración de parque nacional para cada uno de esos lugares. Se movilizaron asociaciones montañeras y conservacionistas pero también otras de ámbitos académicos y sociales, así como miles de personas a título individual, en un tiempo en que era exigible identificarse individualmente para formular ese tipo de peticiones.
El Cañón de Añisclo fue finalmente protegido en 1982, tras nueve años de campaña en su defensa, mediante su incorporación al nuevo Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, por ley de las Cortes Generales, ya en Democracia. Ese mismo año de 1982 se aprobó el primer Estatuto de Autonomía de Aragón y en 1984 se transfirieron a la Comunidad Autónoma las competencias en materia de conservación de la naturaleza.
En los años siguientes las comunidades autónomas comenzaron a establecer sus propias normas y a realizar sus propios inventarios de espacios naturales para su posterior declaración. El Gobierno de Aragón elaboró su Red de Espacios Naturales Protegidos de Aragón (Renpa) concluyendo su Inventario de espacios susceptibles de algún tipo de protección en 1989. La promulgación ese mismo año de una nueva ley estatal de espacios naturales protegidos y los cambios introducidos por la misma obligaron a una revisión que fue concluída en 1991.
La nueva ley de espacios naturales establecía cuatro categorías: parques, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos. En la categoría de “parques” había que incluir los parques nacionales, cuya declaración y gestión se reservaba al Estado, y los parques declarados por las Comunidades Autónomas que recibirían distintas denominaciones: “parque nacional” en Cataluña, “parque regional” en Madrid y “parque” a secas en Aragón, lo que sin duda generó cierta confusión terminológica.
La ley de 1989 también vino a establecer la obligación de las Administraciones Públicas competentes de “planificar los recursos naturales” con arreglo a los principios de conservación de la naturaleza que definía la propia ley. Esta exigencia resultaba lógica teniendo en cuenta el mandato del art. 45 de la Constitución sobre el derecho al medio ambiente y la “utilización racional de los recursos naturales”.
Los instrumentos de esa planificación son los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), de ámbito indeterminado, que podrían abarcar una comunidad autónoma, uno o varios municipios, o áreas más reducidas. Lo que interesa destacar es que los PORN no son instrumentos de gestión de los espacios naturales sino instrumentos para regular los criterios de conservación de los recursos y de los ecosistemas en su ámbito territorial, establecer las limitaciones que procedan y promover medidas de conservación, restauración y mejora, además de formular criterios orientadores para otro tipo de actuaciones y, en su caso, delimitar espacios naturales para su posterior declaración. También se establecía que el Gobierno aprobaría unas Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales. Y también hay que destacar que, aunque la ley prevé la formulación de PORN con carácter previo a la declaración de parques y reservas naturales, admite que la declaración de estos espacios naturales pueda producirse con anterioridad, debiendo formularse después el PORN, fórmula que se ha utilizado frecuentemente en la práctica.
Atendiendo a la nueva normativa la RENPA estableció las Áreas de Ordenación de los Recursos Naturales que abarcaban la totalidad de la Comunidad Autónoma, siendo uno de ellos el del denominado “Territorio Olímpico” que abarcaba los valles de Canfranc y Tena, en aquellos días candidatos a albergar unos Juegos Olímpicos de Invierno, por lo que la necesidad de preservar los recursos naturales era más que evidente. Por otra parte el Catálogo de Espacios Naturales delimitó 12 parques, siendo uno de ellos el Parque del Anayet, que incluía los valles de Canal Roya y Canal de Izas en el municipio de Canfranc, y la Turbera del Anayet en el de Sallent de Gállego, espacio que como todos los demás estaba delimitado, descrito y cartografiado en la RENPA.
Sin embargo los sucesivos gobiernos de Aragón hicieron muy poco para desarrollar su propio proyecto de RENPA. Así por ejemplo el Parque de Posets-Maladeta no fue declarado hasta 1994 por ley de las Cortes de Aragón, y posteriormente el Gobierno redactó el PORN. Mientras que otros espacios, entre ellos el Parque del Anayet, quedaban en el olvido. Así llegamos al año 1999 en el que el espacio amenazado por la construcción de una urbanización y estación de esquí es el valle de Canal Izas. De nuevo se produce la movilización social para pedir la declaración del parque, cuestión sobre la que no me alargaré por ser suficientemente conocida. Si podemos reflexionar sobre la actuación del gobierno autonómico, y quizás aventurar que los principales adversarios de la conservación de la naturaleza en Aragón han sido los sucesivos gobiernos y sus consejeros de medio ambiente, con alguna honrosa excepción. En efecto, incapaz de resolver un conflicto que se alarga durante años, el Gobierno de Aragón dictará a finales de 2006 un decreto por el que se inicia el procedimiento para la elaboración del PORN de Anayet-Partacua. Fue una maniobra dilatoria para eludir la declaración legal del espacio protegido, como lo fue el proyecto de ley de protección del Pirineo, prometido, redactado y abortado por el propio Gobierno.
En efecto, aunque se realizaron algunos trámites, pronto se paralizó el procedimiento y de la nula voluntad del Gobierno de Aragón da prueba el transcurso de 18 años sin que se haya resuelto, siendo patente la inactividad administrativa en un procedimiento que debe impulsarse de oficio en todos sus trámites. Ahora una reciente sentencia ha dictaminado la muerte por inanición del PORN, sin que resulte posible resucitarlo, aunque no llega a señalar al responsable. Descanse en paz el malhadado Plan y releguemos al olvido esa desafortunada forma de hacer política.
Comencemos de nuevo. El Gobierno de Aragón, si quiere, puede promover la declaración del Parque del Anayet, que tiene perfectamente delimitado, descrito y cartografiado. Posteriormente podrán elaborarse sendos PORN para los valles de Canfranc y Tena, que además de otros contenidos podrían proceder a delimitar zonas periféricas de protección y regular la “utilización racional de los recursos naturales” (art. 45 Constitución) en las áreas de influencia socioeconómica, incluyendo medidas de restauración en las áreas degradadas.
El contexto normativo actual es la Ley estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007 y la Ley aragonesa de Espacios Naturales de 2015, en las que encaja plenamente la anterior propuesta. Si podemos añadir que la citada ley estatal establece que las Administraciones Públicas deben garantizar la conectividad ecológica del territorio, otorgando un papel prioritario a las áreas de montaña, y por tanto debería ser tenido en cuenta el carácter de corredor ecológico de la Canal Roya y su colindancia con el Parque Nacional de los Pirineos en Francia.
Fuimos muchos los que hace cincuenta años reivindicamos la protección de Canal Roya; somos muchos más los que años después venimos reivindicando la declaración del Parque del Anayet ante gobiernos de distinto signo. Esta propuesta no tiene color político, es la expresión de un sentimiento colectivo, producto de una reflexión a la vez humana y poética que pretende reconciliar al hombre con el entorno.
No ignoramos que el Parque del Anayet se inserta en un territorio con un gran desarrollo turístico, y que pese a las dificultades se sigue apostando por las estaciones de esquí, algo en lo que estarán de acuerdo muchos montañeros. Quizá sea extremadamente complejo discutir sobre la cantidad de nieve y los efectos del cambio climático, pero lo que resulta indispensable es debatir sobre las cantidades de hierro y cemento que queremos en nuestras montañas.
El Parque del Anayet es una apuesta por la convivencia, el turismo sostenible y el respeto a la naturaleza y el paisaje.