En el contexto actual, España afronta un desafío estructural que merece atención urgente: el equilibrio entre las pensiones de nuestros jubilados y las aportaciones económicas de los nuevos contratos laborales. Según los datos más recientes, la pensión media de jubilación en 2024 asciende a 1.445,75 euros mensuales, lo que supone un coste anual de más de 17.300 euros por persona para la Seguridad Social. En contraste, los nuevos contratos, incluso aquellos con salarios alineados al promedio nacional, generan unas cotizaciones sociales de aproximadamente 10.200 euros anuales.
Este simple cálculo refleja un desequilibrio preocupante: se necesitan al menos 1,7 nuevos contratos con salario medio para sostener cada pensión. Aunque los datos de empleo muestran un aumento en la contratación indefinida, este avance no basta para compensar el envejecimiento poblacional y la creciente presión sobre el sistema de pensiones.
La solución no puede limitarse a fomentar la creación de empleo. Es imprescindible garantizar que los nuevos contratos sean de calidad, con salarios que reflejen el coste de vida y aportaciones significativas al sistema. Asimismo, urge una reforma estructural de las pensiones que permita su sostenibilidad sin comprometer la dignidad de nuestros mayores y el valor de las cotizaciones realizadas.
¿Estamos en el camino correcto? Para equilibrar esta balanza entre contratos nuevos y pensionistas, precisamos actividades de mayor valor añadido, que generen cotizaciones más elevadas y salarios más dignos. Sin embargo, mientras el sistema educativo siga sin adaptarse a las demandas del mercado laboral, será muy difícil alcanzar este objetivo.
Resulta paradójico que las empresas busquen técnicos cualificados con salarios elevados y no los encuentren, porque el sistema educativo no ha generado esta formación. Entonces, cabe preguntarse: ¿por qué no existe un debate serio en las instituciones públicas sobre el riesgo que supone el envejecimiento de la población?
El tiempo apremia....