Representantes del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón se han reunido con las familias de Caneto después de haber acordado hace unos días la suspensión del procedimiento judicial para buscar una solución extraprocesal. El Ejecutivo autonómico ha trasladado los pasos que se están dando para reinstaurar la legalidad y garantizar la seguridad de las instalaciones a las que acuden una veintena de niños y niñas, pese a estar matriculados oficialmente en el CEIP La Fueva, de Tierrantona.
El Departamento ha manifestado su compromiso de abrir de oficio un expediente de creación de un centro público en Caneto. Las gestiones se centran ahora en resolver la situación del suelo, que es propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y en habilitar una fórmula urbanística que permita dotar al terreno de la calificación necesaria para poder desarrollar en él inversiones por parte de la administración educativa. Para ello, desde el Departamento ya se han mantenido reuniones con distintos expertos y se está explorando varias vías.
Se ha abordado también qué tipo de solución constructiva podría acometerse una vez se disponga del suelo en condiciones. Se han barajado diferentes opciones y ambas partes se han instado a mantener un cauce de diálogo con absoluta transparencia mientras se avanza en esa solución. De hecho, han acordado una próxima reunión, esta vez en Caneto, a mediados de julio.
Para su habilitación como centro docente, las instalaciones han de cumplir con determinados requisitos mínimos de espacios, así como con las exigencias del Código Técnico de la Edificación y con las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Asimismo, han de estar inscritas en el Registro de Centros docentes no universitarios de Aragón.
Han participado por parte de la Consejería el secretario general técnico y responsable de Infraestructuras, Manuel Magdaleno, y el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, y la directora general de Servicios Jurídicos, Esperanza Puertas.
INSEGURIDAD JURÍDICA
Fue en noviembre del año pasado cuando el Departamento de Educación comunicó la continuidad del servicio educativo en el CEIP La Fueva, tras constatar que en dicho Registro no constaba la existencia de un centro educativo en la localidad de Caneto y que los reiterados informes de la Unidad Técnica de Construcciones del Servicio Provincial de Educación habían sido todos desfavorables para la creación del mismo por los defectos que afectaban a la seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización y salubridad. De hecho, los 21 alumnos que recibían el servicio educativo en Caneto estaban matriculados oficialmente en el CEIP La Fueva, de Tierrantona, con la inseguridad jurídica que eso generaba para el centro.
La Asociación de Madres y Padres ‘Aldea de Caneto’ recurrió la decisión en enero y solicitó la reapertura como medida cautelar, que fue acordada por la sala. Esta impuso además una contracautela dando un plazo para concretar los defectos, a efectos de que el Ayuntamiento pudiese subsanarlos. Finalmente, en abril, mantuvo la cautelar pero impuso a los recurrentes la obligación de informar, cada mes, de las subsanaciones que se fueran produciendo según el calendario que ellos mismos aportaron.